Las comparecencias, convocadas a las cuatro de la tarde, comenzarán el martes, 4 de abril, con consejeros del Instituto Cántabro de Finanzas y el 6 de abril con representantes del Consejo de Supervisión del ICAF.

Así, el martes comparecerán catedrático de la Universidad de Cantabria y exvicerrector, José Luis Tomillo Urbina y Begoña Torre Olmo y Manuel José Revuelta Palacio, como representantes del ICAF en la Comisión de Seguimiento.

Mientras que el jueves comparecerán Luis Carlos Albalá, diputado del PP; Gema Díaz Real, expresidenta de la CEOE; Alfonso Diez Prieto, representante de CCOO; María Jesús Cedrún, exsecretaria general de UGT; y Concepción López.

El cierre de la fábrica de estufas de Maliaño pese a la inyección de 18 millones de euros de dinero público desde 2002, tiene varios frente abiertos: en la vía mercantil el proceso concursal; en la vía penal el procedimiento abierto como consecuencia de la querella de los trabajadores; y a nivel político la comisión de investigación creada en el Parlamento con el apoyo de los cinco grupos parlamentarios y a iniciativa de Podemos.

Los trabajadores siguen a la espera de que se produzcan avances en la instrucción del proceso penal incoado a raíz de su querella contra los antiguos propietarios de Ecomasa, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, y de que la Audiencia resuelva sus recursos contra el último auto dictado por la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, que data de abril del año pasado.

En este proceso están personados como acusación particular SODERCAN y el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), los dos organismos públicos dependientes del Gobierno de Cantabria que concedieron a Ecomasa 18 millones de euros en financiación y avales.

El objetivo es esclarecer el destino de ese dinero público concedido a EWI desde 2012, y también de los 3,2 millones de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos de Teka que fueron contratados por Ecomasa.

Mientras tanto, la comisión de investigación puesta en marcha en el Parlamento para depurar responsabilidades políticas, ha sufrido un parón de casi cuatro meses por las Navidades y la tramitación de los presupuestos regionales de 2017.

Sigue también abierto el procedimiento concursal. El Juzgado de lo Mercantil declaró en concurso voluntario a Ecomasa en septiembre de 2015, al mes siguiente se abrió la fase de liquidación, y en enero de 2016 se autorizó la medida colectiva de extinción de los contratos laborales de la totalidad de la plantilla. La empresa se encuentra cerrada y sin actividad.

Tanto los administradores concursales de la fábrica de estufas como la Fiscalía han calificado de culpable el concurso de la mercantil, y ha pedido que se inhabilite a sus propietarios, Manuel Jesús Lavín y Andrés de León, a los que reclaman distintas indemnizaciones por daños y perjuicios.