Unos fondos, ha indicado el popular, que "han sido todo un balón de oxígeno" para muchos ayuntamientos y que les permitido pagar sus facturas atrasadas con proveedores, financiar vencimientos de préstamos y afrontar situaciones de riesgo financiero, saldando deudas que les impedían acceder a cualquier tipo de ayuda a subvención.

Los préstamos a los que se hace referencia con esta medida son los formalizados a través del Fondo de Ordenación y el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores de Entidades Locales hasta el ejercicio 2016 inclusive. El plazo para acogerse a estas nuevas mejoras expira el 7 de abril, según ha informado el Partido Popular en un comunicado.

Como ha puesto de manifiesto González, "los consistorios tendrán tres años de carencia adicional en sus préstamos así como otros tres años de refinanciación para el plazo de amortización que tuvieren fijado, manteniendo a su vez los tipos de interés, sin que se sufran alteración alguna" por lo que, según ha agregado, los ayuntamientos que se acojan "podrán dispongan de mayor liquidez y de un margen de maniobra financiero, gracias a las modificaciones en las condiciones de préstamos realizadas por el Gobierno".

Del mismo modo, ha recalcado "que esta novedad es imprescindible para que los ayuntamientos puedan atender sus obligaciones de gasto corriente y para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales, garantizar el pago de las nóminas y hacer frente a sus obligaciones financieras".

A la citada medida se podrán acoger los municipios que se encuentran en la última relación aprobada en junio de 2016 y publicada ese mismo mes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) relativas a entidades que se consideraban en riesgo financiero y municipios que en la liquidación de presupuestos de 2015 han presentado unos ingresos corrientes insuficientes para financiar su gasto corriente y las anualidades de los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales o que han presentado remanente de tesorería para gastos generales negativo.

Ya la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local ha dictado una resolución en la que se recoge el procedimiento que deberán seguir las entidades locales para la presentación de las solicitudes, la condicionalidad fiscal que será aplicable a las entidades concernidas y la documentación adicional que será preciso aportar.