Los grupos del PSOE, PRC, Izquierda Unida, Ganemos y el concejal no adscrito Antonio Mantecón en el Ayuntamiento de Santander, es decir, toda la oposición menos Ciudadanos, han registrado una moción conjunta redactada por el concejal de IU Miguel Saro que se debatirá en el próximo Pleno municipal, en la que piden la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Plusvalía después de dos sentencias que "afectan al impuesto" y que, en opinión de los doce ediles de estos grupos, el equipo de gobierno del PP "no puede ignorar".

Así, por un lado, piden que en un plazo de un mes se modifique el artículo 10 del texto y se elimine el requisito de residencia previsto para poder acogerse a la bonificación del 90% establecida por el Consistorio para la transmisión de viviendas con un valor catastral inferior a los 60.000 euros.

Esta petición concreta la sustentan en la reciente sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que condenó al Ayuntamiento al pago de las costas del proceso y a devolver 2.472 euros a un joven al que se le negó la posibilidad de esta bonificación.

El Ayuntamiento justificó la decisión en que el demandante no cumplía el requisito de residencia, al no haber estado empadronado en domicilio familiar los dos años anteriores al fallecimiento de su padre, propietario del inmueble.

El fallo, afirman en un comunicado remitido por IU, ha dejado "probado" que el requisito era "discriminatorio" porque establece "diferencias de trato" por lo que "no se respeta el principio de igualdad".

"El equipo de Gobierno lo sabe, el juzgado lo dice y en vez de cambiar las cosas para no perjudicar a los santanderinos decide recurrir la sentencia", lamentan los ediles-

Sin embargo, consideran que la reforma "ha de ir más allá", por lo que solicitan también que, en un plazo de tres meses, se apruebe el proyecto inicial para la modificación de la Ordenanza, en base a la sentencia Tribunal del Constitucional que establece que no se pueden gravar las ventas de inmuebles cuando no generan ganancia económica.

En esta línea, la moción subraya además que el Congreso de los Diputados aprobó el pasado 22 de marzo una propuesta de modificación de la Ley de Haciendas Locales para reformar los criterios de valoración.

Las dos sentencias, sostienen los ediles, dejan "claro" que el impuesto en Santander se basa en criterios "confiscatorios e injustos", que "ni siquiera respetan el derecho de igualdad".

"¿De verdad van a votar Partido Popular y Ciudadanos en contra de dos sentencias y se van a posicionar a favor de seguir gravando a los ciudadanos con un impuesto sabiendo como saben que es injusto y algunos preceptos contrarios a derecho?, se preguntan.

Por último, el texto consensuado entre las fuerzas políticas pide además que se establezcan "de inmediato" los medios materiales y humanos para facilitar la tramitación de las eventuales reclamaciones que puedan interponer santanderinos a quienes se les haya cobrado el impuesto a pesar de haber vendido su inmueble "a pérdidas".