El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha decidido prohibir el alquiler de pisos turísticos. Las razones que argumenta son que no fomenta el turismo sostenible, eleva los alquileres de las viviendas y expulsa a los habitantes tradicionales de los barrios afectados.

Desde este mismo verano los inspectores podrán sancionar con multas de hasta 40.000 euros una actividad que según el consisitorio se realiza de forma ilegal en el 90% de los casos, y que afecta a cerca de 3.000 viviendas en la ciudad. El ayuntamiento se adelanta a ley autonómica que prepara el gobierno balear con la que también se quiere racionalizar la llegada de turistas, que el pasado verano amenazó con colapsar la isla. Una vez la Ley de Turismo esté aprobada por el Parlament, los municipios tendrán el derecho y la obligación de zonificar esta prohibición.

La prohibición de Palma se inscribe dentro de la estrategia de este consistorio para garantizar el acceso a la vivienda digna frente a las dinámicas turísticas. En los últimos cuatro años el precio del alquiler de la vivienda en Palma ha crecido un 40 por ciento. "El coste del alquiler respeto la renta de los hogares nos indica que las familias de Palma tienen que invertir un 36% de los ingresos limpios mensuales a pagar el alquiler", según el teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera.

Además, respecto a los alojamientos turísticos, un informe municipal determina que 15 'anfitriones' comercializan el 10% viviendas turísticos de la ciudad y que en el casco antiguo, siete comercializan el 15% del viviendas; mientras que el 60% de los comercializadores alquilan más de dos viviendas. Por otra parte, los datos muestran que los desahucios por impagos de alquileres se han disparado un 60% el 2016 respeto el año anterior y que en los últimos cuatro años la evolución del número de plazas en establecimientos turísticos en el centro histórico ha aumentado en un 65%, pasando de 1.857 plazas en 2014 a 2.838 plazas en 2017.

Si una ciudad sufre la demanda turística y sus consecuencias sobre el inmobiliario esa es Barcelona. Su alcaldesa, Ada Colau, ha asegurado que la proliferación de pisos turísticos tiene un impacto sobre el coste de la vida y el comercio. En ese sentido, ha insistido en que son los propios visitantes los que manifiestan que se encuentran con demasiados turistas cuando llegan a Barcelona.

El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, ha asegurado que el Ayuntamiento es consciente de que los pisos turísticos ilegales son un sector con "muchísima picaresca”. El consistorio barcelonés sabe que pisos turísticos ilegales usan número de registro de otros legales y otros mecanismos, de los que tiene conocimiento también a través de acciones ciudadanas, como una de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) y de la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS).

Por ello el Gobierno de Colau ha impulsado su regulación con el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) y ha intensificado las inspecciones. "Barcelona está entre las ciudades globales que reciben este tipo de presión turística, pero están muy lejos de los instrumentos que tienen otras ciudades de este tipo”, ha dicho la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.