El pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves con amplio consenso el real decreto que prorroga hasta 2020 la moratoria antidesahucios de vivienda habitual para familias vulnerables y que permitirá, además, que este colectivo pueda recuperar su casa al finalizar el periodo de suspensión.

La convalidación de la norma ha sido posible gracias a los votos a favor de PP, PSOE, Ciudadanos, PNV, CC y Foro Asturias, mientras que se han abstenido Unidos Podemos y PDeCAT.

En concreto, el real decreto ha salido adelante con 237 votos a favor, ninguno en contra, y 77 abstenciones.

Para el ministro de Economía, Luis de Guindos, es una satisfacción y una buena noticia que la convalidación de la norma haya contado con un amplio consenso parlamentario, y ello, en un contexto, en el que pese a la caída del número de desahucios, "todavía hay colectivos que siguen siendo vulnerables".

"Lo que hace este real decreto ley es mantener la protección sobre estos colectivos, e incluso ampliarla y profundizar en ella", ha destacado el ministro, que, no obstante, durante el debate de la norma, ha asegurado que las propuestas se han adoptado siempre teniendo en cuenta el "buen funcionamiento del mercado hipotecario".

El titular de Economía ha añadido que los créditos dudosos de los hogares para la adquisición de una vivienda se han reducido desde el 6,3% que llegaron a representar en el peor momento de la crisis, en 2014, hasta el 4,7% actual. Un dato que pone de manifiesto que la inmensa mayoría de las familias cumple "escrupulosamente" con las obligaciones de pago de sus hipotecas.

Pese a ello, la persistencia de dificultades que tienen aquellos ciudadanos más vulnerables ha llevado a seguir tomando medidas de alivio. Así, la prórroga incluye nuevos supuestos para que más familias puedan acogerse tanto al Código de Buenas Prácticas como a la suspensión del lanzamiento.

De esta manera, podrán acogerse las familias vulnerables con hijos menores de edad o aquellas que sean monoparentales con hijos a cargo, en vez de con dos como hasta ahora.

Igualmente, se consideran familias vulnerables aquellas unidades familiares con las que convivan una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentre en situación de discapacidad, dependencia o enfermedad grave. También podrán acogerse aquellas familias en las que exista una víctima de violencia de género.

Gracias a la norma, en la suspensión de lanzamientos se amplía el supuesto de situación de desempleo, al eliminarse el requisito de haber agotado las prestaciones.

Por otro lado, en otra serie de medidas, el Código de Buenas Prácticas incluye la opción de alquiler de la vivienda habitual ejecutada. Así, durante el plazo de vigencia de la suspensión del lanzamiento, el deudor podrá solicitar un arrendamiento, con un precio máximo anual del 3% del valor de la casa, según tasación. Este alquiler tendrá una duración de cinco años prorrogable por otros cinco.

Durante el debate, De Guindos ha añadido que en el plazo de ocho meses tras la entrada en vigor de la norma —como máximo hasta mediados de noviembre— el Ejecutivo propondrá medidas que faciliten la recuperación de la propiedad de la vivienda habitual por los deudores incluidos en la aplicación de la ley de suspensión de lanzamientos cuando hubiera sido objeto de una ejecución hipotecaria.

Entre estas medidas se podrán incluir descuentos en función de las cantidades ya satisfechas, así como otros factores que garanticen un precio equitativo, según ha señalado el ministro.