La jueza que investiga el ático que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero, tenían arrendado en Estepona (Málaga) y que, posteriormente, pasó a ser suyo, ha reiterado al gabinete de peritación adscrito al juzgado la petición de una valoración del inmueble en 2008 y en 2012; es decir, cuando fue adquirido por la sociedad Coast Investors y cuando lo compró el matrimonio.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se recuerda el "urgente" cumplimiento de esta petición, dado el tiempo transcurrido desde que se solicitó por primera vez esta peritación, en marzo de 2016.

En esta causa se investigan los presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y cohecho. Las pesquisas van dirigidas a determinar cómo, cuándo y por qué llegó el inmueble a González y su mujer, que primero pagaron un alquiler mensual, que luego se rebajó; y posteriormente, en diciembre de 2012, lo adquirieron por 770.000 euros.

Por otro lado, el juzgado ha recibido la contestación de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras sobre las entradas y salidas del presunto testaferro Rudy Valner en España de enero de 2007 a febrero de 2013, en la que la Policía señala en un primer documento que "no consta ningún movimiento", aunque en otro añade que "los registros que contiene el fichero no aseguran información exhaustiva" y no recogen datos del Espacio Schengen.

Así, en un primer oficio, fechado en octubre de 2016, se indica que "consultadas las bases de datos pertinentes, no consta ningún movimiento de entrada ni salida en el territorio nacional en ese periodo de tiempo". En otro escrito, remitido por la misma comisaría y fechado en febrero de este año, se informa de que este departamento es responsable del fichero, destinado "a gestionar información sobre inspecciones fronterizas, siendo un uso previsto el control policial de personas que entran y salen del territorio cuyo paso sea controlado en puesto fronterizo".

"Los registros que contiene el fichero no aseguran información exhaustiva sobre todas las entradas y salidas que una persona haya realizado del territorio nacional", se indica en ese segundo oficio policial, al que tuvo acceso Europa Press, precisando que incluye solo "datos sobre cruces de fronteras exterior Schengen efectuados por puestos fronterizos españoles".

Esto es, incide el documento, "el fichero no recoge las salidas o entradas de territorio español hacia o desde otros estados integrantes del Espacio Schengen".

En abril de 2016, González declaró en calidad de investigado y dijo que él y su mujer entraron en contacto con el propietario del piso por un anuncio en un periódico y estuvieron en comunicación por teléfono, sin saber que había una sociedad detrás del piso hasta el momento de la firma del contrato de compraventa en Madrid. Señaló que no conoció a Valner hasta ese momento, añadiendo que éste se comportaba "a todos los efectos como propietario de la vivienda".

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