El decreto del Ministerio Público, consultado por Europa Press, distingue entre dos hechos a investigar que pasan, por un lado, por la decisión municipal de adquirir las 80 estampas por un precio de 3.250 euros ya que, en base a lo declarado por la concejal ante la Policía Judicial de Garrucha, esta se debió a una "decisión personal suya inmotivada" y "razonablemente contraria a la normativa administrativa aplicable, en particular la Ley de Contratos del Sector Público".

Por otro, señala la recepción por parte de Cruz Orta de la citada colección y "la desaparición posterior de la misma sin que exista -remarca- ninguna constancia fehaciente de que la misma estuviera en dependencias municipales no se destinara al fin para el cual se adquirió".

El decreto de la Fiscalía parte de la denuncia interpuesta por el actual alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández (Gicar), en la que se recogía la supuesta desaparición de las estampas, relativas a partir de la primera edición de 1863, llegadas en su caja original, en estuche de terciopelo, con número de serie en el dorso y certificado de autenticidad. La obra, según la factura remitida al Consistorio por la editorial Planeta, se compró el 31 de agosto de 2009 junto a otras producciones editoriales que sí figuran en la biblioteca municipal.

El Consistorio carbonero lleva cerca de dos años tras la pista de la colección, que valora en la actualidad en cerca de 8.000 euros y cuya desaparición se detectó de "forma casual" al adoptar una de las medidas para optimizar el trabajo y la fiscalización del área de Hacienda, que consistía en desdomiciliar una serie de pagos. De hecho, antes de interponer la denuncia, solicitó a la edil que aportara información sobre el pedido y la recepción de los facsímiles y se le dio un plazo de diez días para que respondiera aunque no lo hizo.

"DECISIÓN PERSONAL" Y "DESVÍO" DE SUS FINES

El Ministerio Público estima que procede incoar procedimiento penal a la vista del atestado elaborado por los agentes de la Policía Judicial de Garrucha ya que, en este, "se acreditan" los hechos denunciados por el Ayuntamiento, se hace constar que las láminas "fueron recepcionadas por la concejal que encargó su compra" y también que estas "nunca fueron expuestas al público como era su destino".

Señala, en esta línea, que "no es descartable" que el "acto administrativo dictado por la edil socialista para adquirir las estampas" pueda ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación administrativa ya que hay -ahonda- "fundadas sospechas de que el mismo es contrario a la legislación aplicable y sólo obedeció a una decisión personal suya y no a una necesidad para el Ayuntamiento".

El fiscal apunta, por otro lado, que el "desvío" del material adquirido para "fines distintos del servicio público para el que se supone fueron adquiridos, aunque no estuviera justificado", podría encuadrarse en un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

De acuerdo a lo investigado, interesa al Juzgado de Instrucción de Vera, al margen de que cite a declarar como denunciada de Josefa Cruz, que oficie al secretario del Ayuntamiento para que informe y certifique si existe copia testimoniada del expediente administrativo en base al cual se adquirió la colección y para que aporte copia testimoniada de "cuantos acuerdos o deliberaciones sobre ese particular obre en el Consistorio, bien de órganos unipersonales o colegiados, en particular, del pleno y de la junta de gobierno local".

Por último, el Ministerio Público solicita que se declare el procedimiento penal complejo y que el plazo de instrucción sea de 18 meses debido a la "diferente documentación y periciales que durante la instrucción habrán de incorporarse", así como a la "posible existencia de otras personas a investigar".

EL EXALCALDE APUNTÓ A SU CONCEJAL DE CULTURA

En el transcurso de su investigación, la Guardia Civil tomo declaración al exalcalde Cristóbal Fernández (PSOE), quien afirmó "con rotundidad" que la colección con 80 facsímiles se "encontraba en el archivo municipal" cuando abandonó la Presidencia del Ayuntamiento en julio de 2011 y que "consecuentemente debió ser certificada" por el secretario municipal al hacer el traspaso de la vara de mando.

Fernández atribuyó la denuncia del equipo de gobierno que lidera Hernández a un intento por "dañar mi imagen pública" para "ocultar de forma paralela su precaria situación política", en alusión al actual regidor, y señaló a su entonces concejal de Cultura como la persona que hizo el "pedido con su plena confianza" para que la colección fuera expuesta al público y cedida a otras instituciones.

Al hilo de esto, transmitió a los agentes de la Guardia Civil que fueron recepcionadas por esta misma persona y que él vio las láminas "almacenadas junto a otros efectos de valor, como era procedimiento habitual" justo antes de cesar como alcalde en julio de 2011.

Fernández remarcó que el secretario "certificó" entonces la totalidad de bienes no inventariados que se encontraban en el archivo municipal y que, desde que fue desalojado de la Alcaldía carbonera, se han hecho varias auditorias "sin que se haya detectado la falta de dinero, archivos u obra alguna".

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