Canon digital
Los CDs y DVDs son productos tradicionalmente gravados con el canon digital. Gcfairch

La Asociación para el desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) ha denunciado al Estado español ante la Comisión Europea por "mantener" el actual modelo de copia privada, y reclama una mayor "coordinación interministerial" para "reformar" en la forma y plazo que exige la Comisión Europea.

Artistas, autores, editores y productores audiovisuales de España, a través de Adepi, han presentado esta denuncia después de que España haya "mantenido" un modelo de copia privada declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y anulado por el Tribunal Supremo de España.

Según han informado fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tras conocer esta denuncia se "sigue trabajando" para aprobar "próximamente" una norma al respecto antes de que la Comisión Europea "pueda adoptar medidas contra España".

Pero desde Adepi "lamentan" haberse visto obligadas a dar este paso "forzadas por la inacción legislativa del Estado español", que está en situación de "ilegalidad" en la Unión Europea al "mantener vigente la excepción de copia privada sin que exista un sistema de compensación equitativa acorde a la Directiva europea".

"Falta de compromiso"

"La incorrecta trasposición a la legislación española de la obligación de compensar el daño causado a los titulares de derechos ha provocado esta situación irregular y única en Europa, que les ha acarreado cinco años de graves perjuicios patrimoniales", añaden desde Adepi, quien explica que es así también como lo interpreta la propia Comisión Europea.

El director general de Adepi, Antonio Fernández, ha declarado que "pese a la colaboración y el interés" del Ministerio de Cultura, la secretaria de Estado de Agenda Digital, cuyo secretario de Estado es José María Lassalle, "se olvida de trabajar para los intereses generales" y se "enfoca solo en los individuales".

"Todo ello perjudica, en primer lugar, - matizan desde Adepi- a los propios ciudadanos españoles, pues la falta de diligencia del Estado puede provocar que el erario público deba hacer frente a una cuantiosa sanción de las autoridades europeas".