En un comunicado conjunto emitido por ambas administraciones, se señala que tanto la delegada del Gobierno andaluz en Sevilla como el alcalde han manifestado su intención de seguir trabajando "codo con codo, así como con el resto de Administraciones", para "lograr lo antes posible solucionar el problema de la ladera y que los vecinos afectados puedan volver a la normalidad".

Después de que el Ayuntamiento activase su plan municipal de emergencia y aprobase una línea de ayudas para las familias afectadas por los desalojos, que se remontan a 2016, el Consistorio acordaba solicitar a la Junta de Andalucía que inicie "con urgencia los trámites necesarios para que se puedan hacer efectivas lo más rápido posible las ayudas" para las medidas correctivas propuestas para la ladera por los especialistas David Lugo y Mercedes Gómez. Tales medidas, como se informaba recientemente, suponen un coste de unos 5,7 millones de euros.

LAS MEDIDAS TÉCNICAS

Los mencionados especialistas, en concreto, han propuesto la monitorización de todas las viviendas y zonas vulnerables para conocer en tiempo real si hay algún tipo de desplazamiento; inspeccionar las redes hidráulicas urbanas para evitar el máximo aporte de agua a la ladera; hacer una red de drenaje para reducir la presión hidrostática de la ladera, y aplicar "inyecciones armadas" a través de tubos, con el objeto de sellar toda la ladera, ya que se drenaría la ladera cada seis y tres niveles, la cabeza, medio e interior de la loma.

La Delegación del Gobierno, al respecto, ha comunicado a la Subdelegación del Gobierno del Estado la situación detectada en la localidad y le ha trasladado el informe elaborado por el Consistorio con una serie de medidas cautelares y de actuación inmediata, ante la inestabilidad de la ladera, con el que objetivo de que la Subdelegación, que es el organismo competente, informe al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, para que evalúe la posible existencia de una emergencia de protección civil.