Ya lo dijo el consejero de Vivienda, Javier Madrazo, hace un año: «A todo aquel que tenga una vivienda protegida vacía, la alquile o la venda sin autorización, lo vamos a cazar». Pues bien, en los dos últimos años, la inspección del Gobierno vasco ha «cazado» 37 fraudes, lo que le ha permitido recuperar otras tantas VPO que se encontraban vacías o sus inquilinos las habían alquilado sin permiso.

En siete de los casos, las viviendas han sido expropiadas directamente por el Gobierno, mientras que en las 30 restantes, los propietarios han puesto su vivienda a disposición del Ejecutivo, previo pago de la sanción correspondiente.

262 sanciones

Según informó el propio Madrazo el pasado miércoles, su Departamento ya ha controlado el 53% de todo el parque de viviendas protegidas de Euskadi y, desde que se puso en marcha la inspección de VPO, en 2005, se han abierto 2.525 expedientes, por presunta existencia de fraude.

Un total de 262 dueños han sido sancionados por irregularidades, teniendo que pagar una media de 2.238 euros de multa. Además, el Gobierno se ha hecho con otras 275 viviendas mediante el tanteo y retracto, sistema por el que el Ejecutivo es la primera opción a la hora de vender una VPO, y la paga al precio que la vendió.

Hasta ahora, los inspectores encargados de descubrir los fraudes en los pisos protegidos pertenecían al sector privado. Sin embargo, según anunció el consejero, el Departamento se plantea crear el próximo año un nuevo servicio de inspección público.