El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, calificó hoy la batalla campal del pasado 18 de octubre en la Cañada Real Galiana como un hecho "muy grave" porque los residentes de ese poblado pretendían "no tanto protestar contra la presencia policial, sino lanzar un mensaje diciendo que allí ellos mismos se autoorganizan, administran justicia y detentan el orden público".

"No se puede tolerar que Madrid ni ninguna parte quede fuera del Estado de Derecho y que exista un lugar donde no pueda entrar la Policía Nacional"

En declaraciones al programa Los Desayunos de Televisión Española recogidas por Europa Press, Gallardón señaló que los poderes públicos
deben amparar a todos los ciudadanos y que el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Madrid no pueden tolerar "que Madrid ni ninguna otra parte del territorio nacional quede fuera del Estado de Derecho, y que exista un solo lugar donde no pueda entrar la Policía Nacional".

El alcalde de Madrid recordó que la Cañada Real Galiana recorre cinco términos municipales de la región y no debe recibir un tratamiento único "porque allí se encuentran infraviviendas, auténticas chabolas, que tienen que ser objeto de políticas sociales para su realojo; la mayor concentración de narcotráfico de la Comunidad de Madrid; y algunas edificaciones que no tienen nada que envidiar a otras situadas en urbanizaciones de un nivel adquisitivo muy alto".

Asimismo, admitió que el problema se generó hace varios años, pero aseguró que durante este tiempo el Ayuntamiento ha pedido a los tribunales de Justicia el desalojo de todas las viviendas ilegales. "Precisamente, lo que vimos en la televisión el otro día fue consecuencia de una resolución de los jueces promovida por el Consistorio. Para no ponernos una venda en los ojos ni tener una mirada indiferente abordamos el problema y pedimos desalojos a la Justicia", agregó Gallardón.

"La Comunidad es la propietaria del suelo"

Respecto al litigio competencial abierto en torno a la Cañada Galiana, el primer edil insistió en que la Comunidad de Madrid es la propietaria del suelo, al ser una vía pecuaria, "y además cuenta con competencias importantes en materia social y educativa". Igualmente afirmó que los ayuntamientos detentan la titularidad urbanística para las acciones de desalojo de viviendas ilegales, sea quien sea el propietario del suelo.

No obstante, también solicitó la intervención de la Delegación del Gobierno "por haberse convertido en un problema de orden público muy importante, con narcotráfico y una serie de construcción que no son chabolas, sino viviendas de lujo para personas que presuntamente han generado ese dinero del narcotráfico".

Por todo ello, mostró su convencimiento de que "en los próximos días" se constituya una comisión, creada a petición propia, formada por el Ministerio del Interior, el Ejecutivo regional y los cinco ayuntamientos por donde discurre la Cañada Galiana.

"Hay que trabajar todos juntos y no nos tenemos que tirar la pelota una administración a otra, ni en éste ni en ningún otro problema", añadió Gallarón.