Argentina
Cristina Fernández de Kirchner saluda en su acto de despedida como presidenta a las puertas de la sede del Ejecutivo. Juan Ignacio Roncoroni / EFE

El juez federal Claudio Bonadío ha ordenado abrir juicio oral contra la expresidente argentina Cristina Fernández de Kirchner por el caso dólar futuro,en el que se investiga un "fraude a la administración pública" por asegurar el valor de venta de la divisa.

Bonadío ha dado por concluidas las pesquisas, que han durado más de un año, al considerar que hay indicios de que la líder izquierdista cometió un delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", con una pena de hasta seis años de cárcel.

Fernández de Kirchner compartirá banquillo con otras 14 personas, todos con los mismos cargos, entre ellos su exministro de Economía Axel Kicillof y el expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, según informan los medios de comunicación argentinos.

La expresidente argentina compartirá banquillo con otras 14 personas

De hecho, todos ellos están acusados de un delito, según el auto, de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".

El objetivo de estas operaciones financieras, que implicarían al Banco Central de la República de Argentina (BCRA), era garantizar el valor de venta del dólar con varios meses de antelación a un precio ligeramente menor al previsto en los mercados internacionales.

Aprobación del Poder Ejecutivo

Bonadío argumentó en su momento que "es impensable que una operación financiera de esta magnitud (...), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo".

La defensa de Fernández de Kirchner, por su parte, esgrime que el BCRA es totalmente independiente, por lo que escapa al control de la Casa Rosada, e intentí recusar a Bonadío, pero la Cámara Federal lo respaldó manteniendo viva la causa.

La exjefa de Estado también está siendo investigada por un delito de blanqueo de capitales en un caso que indaga la supuesta existencia de una red integrada por funcionarios y empresarios para el desvío de fondos públicos.

También es objeto de investigación por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires, tal y como denunció el fallecido fiscal de este caso, Alberto Nisman.

Desde 2015

La causa se inició en octubre de 2015 por la denuncia formulada por los entonces legisladores opositores Mario Negri, de la Unión Cívica Radical, que integra el hoy oficialista bloque Cambiemos, y Federico Pinedo, actual presidente provisional del Senado.

También se ordeno un embargo por valor de 15 millones de pesos

En abril de 2016, Fernández acudió a los tribunales y presentó un escrito en el que defendió que las operaciones investigadas fueron llevadas a cabo "legítimamente" por las autoridades del Banco Central de acuerdo a "la normativa vigente", y cargó contra el actual Gobierno y el Poder Judicial al definirse como una "expresidenta perseguida".

La viuda del fallecido exjefe de Estado Néstor Kirchner (2003-2007) presentó además una recusación contra el juez al alegar "enemistad manifiesta" con el magistrado desde sus tiempos en la Presidencia, pero Bonadio lo rechazó y la Cámara Federal lo confirmó después.

Todos ellos están procesados por Bonadio desde mayo de 2016, cuando el juez solicitó además un embargo por valor de 15 millones de pesos a cada uno (949.000 dólares).