El acuerdo, apoyado por el PSOE, el PP y Cs, ha contado con la abstención de IU-CA y el voto contrario de Sí Se Puede. Afecta a la naturaleza jurídica del recinto, en desuso desde el concurso voluntario de acreedores promovido a comienzos de 2015, para que pase a ser considerado como bien patrimonial, de cara a su incorporación al patrimonio municipal del suelo. Todo ello, según defiende el Ayuntamiento, de cara a la reutilización del complejo.

Fue la propia dirección del centro la que solicitó a finales de 2014 la declaración del "concurso voluntario de acreedores", después de que en junio de aquel año, la junta de gobierno aprobase suspender la admisión de colegiales para el curso académico 2014/2015, admitiendo "como necesaria consecuencia el cese de la actividad".

Y es que según la información aportada en aquella etapa y recogida por Europa Press, el centro contabilizó 239 alumnos residentes en el curso 2011/2012, pero sólo 127 en el curso 2012/2013, toda vez que a fecha de julio de 2014, las cuentas de la institución arrojaban ya un déficit de 325.613,00 euros, cantidad a la que habría de añadirse otras deudas devengadas posteriormente por deudas de proveedores no abonadas, retribuciones salariales y seguros sociales.

A la hora de solicitar el concurso voluntario de acreedores, en ese sentido, el centro alegaba una "situación de insolvencia" al contar con un activo inventariado de bienes y derechos por importe de 194.511 euros, pero deudas por valor de 581.934 euros, careciendo ya de su "única" fuente de ingresos dada la mencionada suspensión de admisión de colegiales.

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