La propuesta, para la cual los populares no han aceptado ninguna de las enmiendas que se sugerían, partía de la premisa de que la infraestructura, inaugurada en octubre de 2015, está al cien por cien de su capacidad sin que los agricultores puedan todavía utilizar su agua ante la controversia entre los Gobiernos central y autonómico sobre a cuál corresponde realizar esas canalizaciones.

Así, el PP insiste en que es una competencia autonómica y, por ello, la PNL instaba "de manera urgente" a la Junta a que redactara los proyectos para crear una red de riego y fijara una partida para acometer las obras necesarias en los presupuestos autonómicos de 2017.

Y es que, según el Grupo Popular, las competencias para la construcción de las conducciones de riego son exclusivas de la Junta de Andalucía aludiendo al Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Ley del Olivar o el RD 1132/1984 de 26 de marzo sobre traspaso de funciones y servicios de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimientos, saneamientos, encauzamientos, defensa de márgenes y regadíos.

Igualmente, se hace alusión a un informe de la Abogacía del Estado en la misma línea, ya que sus aguas solo transcurren por una sola comunidad autónoma y no han sido declaradas de interés general, únicas dos alternativas para que el Gobierno central tuviera competencias en estas obras.