La Agencia Tributaria recibió el pasado año un total de 12.555 denuncias realizadas por contribuyentes sobre actuaciones de fraude fiscal, un 26,8% más respecto a 2015. A partir de estos avisos se han incoado actas de inspección por un montante de más de 116 millones de euros.

Entre 2012 y 2016 se recibieron y cargaron al plan de inspección 50.000 denuncias tributarias generales; el importe conjunto de las actas incoadas por Hacienda en ese período casi alcanzó los 500 millones de euros.

Por otro lado, los 'soplos' de los contribuyentes por pagos en efectivo superiores al límite máximo de 2.500 euros alcanzaron los 7.263 en 2016, un 19,3% más respecto al año anterior. Entre 2012 y 2016 hubo 21.200 denuncias de este tipo.

La limitación de pagos en efectivo de más de 2.500 euros es una de las medidas incluidas en la ley antifraude fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 y afecta a operaciones en las que al menos una de las partes sea un profesional, autónomo o empresario, con la finalidad de limitar el dinero negro y la economía sumergida.

El Gobierno ha anunciado que rebajará este límite a 1.000 euros, aunque aún no hay fecha.

Los contribuyentes no necesitan acudir a una oficina de la Agencia Tributaria para notificar la denuncia, sino que pueden hacerlo a través de la web del organismo.

Para ello, encuentran dos posibilidades: presentar una denuncia tributaria general, que puede hacer identificándose o no, o realizar una denuncia por pagos en efectivo, en cuyo caso tanto el denunciante como el denunciado deben estar correctamente identificados.