En un comunicado, los animalistas han denunciado que "el sacrificio de animales dejados a su suerte ha sido desde 1993 una política habitual en centros de recogida de perros y gatos", principalmente, han precisado, gestionados por empresas privadas a través de concesiones. "Algunas de hasta 17 años de duración", han apostillado.

Pero también han asegurado que esta práctica se lleva a cabo por algunas entidades protectoras como "forma de controlar el número de animales alojados en las instalaciones, como el caso de Vigo".

"Desde el anuncio de elaboración del anteproyecto de Ley de Bienestar Animal, ya en 2016 y con su entrada en el Parlamento cada vez más próxima, los animalistas quieren blindar la redacción actual, que ilegalizaría el sacrificio por días, es decir, sacrificar a un animal sano una vez superado un determinado plazo legal, e introducir las excepciones, que serían consideradas por los veterinarios como eutanasias humanitarias, en casos de salud", han explicado los animalistas.

Sin embargo, los defensores de los animales van más allá al reclamar que "el sacrificio cero se convierta en una verdadera política autonómica, dotada con fondos económicos y medios técnicos adecuados que presten soporte a ayuntamientos y diputaciones".

En este sentido, Libera y FFW llevan trabajando con algunos gobiernos municipales, como Sada, A Coruña, Ferrol, Santiago, Bergondo o Mugardos para implementar campañas de sensibilización que "incidan en el coste real que supone el abandono para las arcas de un consistorio", así como "incentivar la adopción", una fórmula que otorga "una oportunidad de vida para los cientos de animales que permanecen en instalaciones distribuidas por todo el país".

"La petición ya ha logrado algunas pequeñas victorias, como el hecho de que la Xunta no cediera ante las exigencias del lobby de los cazadores, que pretendía seguir practicando mutilaciones de orejas y rabos en sus perros por supuestos motivos funcionales. Las más de 80.000 rúbricas dijeron que esta práctica debe desaparecer, y así está contemplado en el texto inicial de la futura norma autonómica", ha finalizado Libera.