Ángel Luis Blanco lleva tres años ejerciendo de mediador familiar en Sevilla. «Mi misión es hacer de puente entre dos personas que han perdido la capacidad de comunicarse», dice este abogado de familia que ve en la Ley de la Mediación Familiar, cuyo proyecto aprobó ayer el Consejo de Gobierno, el futuro para resolver conflictos entre miembros de la misma familia.

Este procedimiento extrajudicial, más rápido y barato que pasar por los juzgados, trae una novedad bajo el brazo: los mediadores velarán por el derecho de los abuelos a ver a sus nietos cuyos padres se hayan separado o divorciado. La futura ley, que podría funcionar a final de 2008, contará con 1,8 millones de euros en 2009.

Así será la norma

¿Quién puede solicitar la mediación?

Voluntariamente las personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos y familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad, personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas o los que ejerzan la tutela sobre menores o discapacitados intelectuales.

Conflictos a resolver

Separaciones, divorcios, disoluciones de parejas de hecho, manutención y cuidado de personas dependientes, relaciones de menores con sus parientes, tutores o guardadores y ejercicio de la patria potestad o tutela.

Excluye

Situaciones en las que exista violencia o maltrato sobre la pareja, hijos u otro familiar.

Precio

Será gratis para quienes cumplan los requisitos que rigen la asistencia jurídica gratuita. El resto, abonarán unas tarifas que aún están por definir.

Mediadores

Serán imparciales y especializados en Derecho, Psicología o Trabajo Social. Se prevé sanciones de 300 a 15.000 1 si los mediadores incumplen su labor.

374 euros de renta básica

La Junta inició ayer los trámites del anteproyecto de la Ley de Inclusión Social, que pretende erradicar las situaciones de marginación. Incluye medidas educativas, formativas, sanitarias, laborales, sociales y de vivienda y el reconocimiento del derecho de la renta básica. Dicho salario será de 374 euros, frente a los 590 que cobran, por ejemplo, en el País Vasco. La nueva ley baja de 25 a 18 años la edad mínima necesaria para poder cobrar esta prestación que se concederá a los titulares de familias con ingresos mensuales inferiores al 75% del IPREM.