Así consta en la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se cita entre los días 22 y 24 de marzo a seis personas para que acudan a prestar declaración ampliatoria en las diligencias, entre las que se encuentra el que fuera primer teniente de alcalde por el PES, José Ignacio Crespo.

Asimismo, los días 30 y 31 de este mes se cita a cinco personas que acuden por primera vez en calidad de investigadas en este procedimiento. Además, previamente, el día 22, comparecerán dos testigos, según consta en el documento del juzgado.

En los últimos meses, el instructor de la causa está tomando declaración ampliatoria a la mayoría de los investigados, comenzando por el exalcalde de Estepona Antonio Barrientos, que declaró durante unas diez horas contestando a las preguntas del fiscal Anticorrupción y del juez para "aclarar" todo, siendo esa la primera vez que comparecía desde que fue detenido en junio de 2008.

Durante la primera fase de la operación policial del caso 'Astapa', desarrollada en junio de 2008, fueron detenidos cargos políticos y concejales, como el entonces alcalde, que pasó seis meses en prisión; así como empresarios, técnicos y empleados municipales y algunos familiares de éstos.

En este caso, se investiga una presunta estructura de corrupción municipal "orientada a obtener fondos de distintos promotores y empresarios" para financiar actividades públicas y privadas "de los partidos políticos en coalición" y "enriquecerse personalmente", según se desprende de lo actuado por parte de los investigadores y la Fiscalía Anticorrupción.

Así, entre los delitos que se investigan están el de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación o fraude. Los investigadores han realizado numerosos informes tras analizar la abundante documentación intervenida en los distintos registros practicados y, además, se han remitido comisiones rogatorias.

Inicialmente, la investigación señaló que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero". El sumario apuntaba a un supuesto enriquecimiento de los imputados.

El juez consideró el pasado mes de enero que finalmente no se había acreditado a lo largo de los nueve años de instrucción del procedimiento que hubieran cometido hechos punibles un total de 18 investigados, a los que levantó la imputación después de que "no se constatan indicios racionales que justifiquen" seguir con el proceso frente a ellos.

Esta decisión de archivar provisionalmente la causa respecto de estas 18 personas se produjo al compartir "plenamente" el instructor la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía Anticorrupción respecto de 16 investigados, haciendo mención aparte respecto a los otros dos.

Así, entre las personas que salieron de la causa en ese momento, tras pedirlo la acusación pública, estaban la que era directora del Área de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del que fuera presidente del Senado Javier Rojo; el ex secretario municipal José Gustavo Rubio y los familiares del exalcalde Antonio Barrientos, entre ellos la madre.

Asimismo, quedaron fuera del procedimiento familiares de otro exedil, así como el que era responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Andrés Flores, y el exconcejal del PA y alcalde accidental en su momento, Rafael Montesinos. Sin solicitarlo el fiscal, el juez archivó la causa respecto del que fuera responsable de Urbanismo Rafael Duarte y otro investigado.