El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha defendido este viernes a estas instituciones provinciales como un "instrumento fundamental" para frenar la despoblación, ya que este fenómeno "sólo se puede evitar" desde "la mejora de la calidad de vida" de las vecinos del medio rural.

En respuesta a una pregunta formulada en el Pleno por la portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos, Pilar Vicente, el presidente se ha mostrado "consciente de la gravedad" que supone este problema, el cual "trasciende a Valladolid" y ha llevado a plantear "un pacto de Estado al respecto", como se abordó en la última Conferencia de Presidentes, pero ha advertido de que ésta es la provincia de Castilla y León "que menos decrece".

Con esta respuesta, Carnero ha inaugurado las demandas de control al presidente establecidas tras el acuerdo del equipo de Gobierno con la formación naranja a cambio de su apoyo a los Presupuestos de la Institución.

En su pregunta, Vicente ha alertado sobre la "preocupante despoblación" que existe en los municipios de la provincia, donde "uno de cada cuatro pueblos se sitúa al borde del peligro de extinción".

La pregunta no ha estado exenta de reproches, como el del presidente de la Diputación a Ciudadanos por no apoyar el Plan Provincial de Transporte que, a su juicio, ayuda a combatir la despoblación, o el de la portavoz naranja al resto de grupos por no formular preguntas a Carnero. Ante esto, ha tomado la palabra la portavoz socialista, Teresa López, para acusar a Ciudadanos de aprobar con su apoyo la política realizada por el PP en la Institución "durante los últimos 20 años".

Al margen de esto, el Pleno ha aprobado por unanimidad una proposición conjunta de los cinco grupos provinciales para apoyar la regulación de la Educación Social como profesión, al considerar que "cubre necesidades y demandas de la ciudadanía", generadora de "cambios sociales a través de la educación".

Por ello, se insta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que admita a trámite este escrito y resuelva de forma favorable la petición de creación una ley que regule dicha profesión.

COBERTURA A INTERNET

Asimismo, la Diputación ha aprobado, también por unanimidad, una proposición de Toma la Palabra en la que se exige al Gobierno de España que acorte los plazos establecidos en la Agenda Digital Europea para la cobertura de acceso a Internet de, al menos, 30 mega bytes por segundo para todos los municipios de la provincia, así como que la Institución provincial informe a los ayuntamientos del estado de implantación de la banda ancha en sus municipios. La iniciativa ha contado con el apoyo de todos los grupos, incluido el PP, tras la aceptación de sus enmiendas presentadas.

Esta proposición se ha aprobado en paralelo a una moción conjunta de PP y Ciudadanos que reclama al Ejecutivo central que garantice el acceso "de calidad" a Internet de todos los habitantes de los municipios de la provincia y que facilite las actuaciones de las diputaciones para mejorar la cobertura móvil y de acceso a la red, al tiempo que se compromete a trabajar en la puesta en marcha de medidas que contribuyan a cumplir con el objetivo de la cobertura total de Internet en la provincia. Todos los grupos han apoyado esta moción salvo Sí se Puede, que ha votado en contra.

De nuevo con unanimidad, el Pleno ha aprobado una proposición presentada por el Grupo Socialista para instar a la Junta de Castilla y León a que incorpore en los Presupuestos Generales de la Comunidad (PGC) para el año 2017 la financiación "suficiente" para los programas de Planes Provinciales, Convenio de Iglesias y Ermitas, mantenimiento de escuelas de Educación Infantil de cero a tres años y caminos agrícolas que suplementarían los aprobados y puestos en marcha por la Institución provincial.

Dicha iniciativa se ha aprobado con el favor de todos los grupos, incluido Ciudadanos, a pesar del rechazo por parte de los socialistas a su enmienda de adición para "recordar" al Ejecutivo autonómico "la necesidad de incrementar" la cantidad que aporta para el Servicio de Ayuda a Domicilio y para que "asuma sus competencias propias" en materia de guarderías.

La portavoz naranja, Pilar Vicente, ha aprovechado su intervención para reiterar la apuesta de su formación por la supresión de las diputaciones, a fin de que sean las comunidades autónomas las que se hagan cargo de los servicios básicos que prestan las administraciones provinciales o transfieran los fondos directamente a los municipios.

Este mismo grupo ha llevado al Pleno una iniciativa en la que se insta la Gobierno a que, una vez que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los criterios vigentes de medición del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana que contempla el actual texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, instrumente la forma de proceder para revisar este supuesto.

Entre tanto, la Diputación pondrá en marcha un comité de expertos que estudie la situación de este tributo en los distintos ayuntamientos de la provincia y valore la posible instancia por parte de la Institución a los consistorios a que apliquen la sentencia del Tribunal Constitucional, a fin de que los vecinos afectados puedan reclamar las cantidades satisfechas indebidamente en concepto de este tributo.

Al mismo tiempo, se consideraría que la Diputación adelantara el dinero a los municipios afectados que, por su situación económica, puedan verse impedidos de hacer la devolución de estas plusvalías, a fin de que puedan cumplir con ello "lo antes posible".

Esta proposición ha sido aprobada por unanimidad en el primer punto, basado en una enmienda presentada por el PP, mientras que el resto del texto ha contado con el apoyo de todos los grupos salvo el Socialista, que se ha abstenido.

TASA A EMPRESAS ENERGÉTICAS

Por último, se ha aprobado una iniciativa de Sí se Puede en la que se solicita a la Diputación el estudio de la tasa de aprovechamiento de dominio público a empresas energéticas, según la cual los municipios pueden gravar con un 1,5 por ciento la facturación de estas compañías en su territorio.

Su portavoz, Héctor Gallego, ha advertido de que las empresas no reconocían dicha tasa o la consideraban "desproporcionada", pero recientemente el Tribunal Supremo ha legitimado estas ordenanzas fiscales en varios casos concretos por ser "de todo punto ajustadas a las exigencias legales".

Para Sí se Puede, la cuota a pagar podría situarse en una horquilla entre los 3.000 y 12.000 euros por metro de línea eléctrica o entre los 500 y los 4.000 en el caso del gas. Por todo ello ha propuesto, entre otros puntos, la información a los ayuntamientos de esta situación, la creación de una comisión para ayudar en la elaboración de las ordenanzas fiscales y que Reval se ofrezca a los municipios para cobrar estas cantidades.

La proposición ha salido adelante con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, con la inclusión de una enmienda de Ciudadanos para que se estudie la posible repercusión en la factura de los hogares de este gravamen a las empresas.