El Tribunal Constitucional ha inadmitido los recursos de amparo presentados por familiares de Lasa y Zabala, militantes de ETA asesinados por los GAL en 1983, contra la decisión de que no reciban la indemnización complementaria prevista en la ley de víctimas del terrorismo.
El Constitucional avala que queden excluidas de esas ayudas complementarias quienes participen en delincuencia organizada o pertenezcan a una organización dedicada a perpetrar delitos violentos.
Los familiares de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, junto con las de otros tres fallecidos, recurrieron con el argumento de que esas resoluciones vulneran la presunción de inocencia. El TC, con independencia de las razones de fondo, inadmite cuatro de los recursos por haber sido presentados fuera de plazo.
La decisión se ha adoptado con el voto particular discrepante de la hasta ahora vicepresidenta del Constitucional, Adela Asua, al que se ha adherido el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré.
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