Según ha destacado la coalición soberanista en un comunicado, al ser el Consorcio de Residuos (GHK) un organismo adscrito a la Diputación, esta Administración "debería asumir su deuda". "El Gobierno foral, sin embargo, la ha ocultado, con lo que incumple la legalidad vigente y ello implica que la Norma Foral Presupuestaria aprobada por las Juntas Generales el 23 de diciembre de 2016, con los votos a favor de PNV y PSE, incurre en un fraude", ha resaltado.

Los junteros de EH Bildu Xabier Olano e Iban Asenjo son los firmantes del recurso, presentado el pasado 22 de febrero ante la Sala de lo contencioso-administrativo del TSJPV.

En el mismo, se explica que la normativa presupuestaria vigente obliga a la inclusión en los Presupuestos Generales de Gipuzkoa de la totalidad de los ingresos y gastos del sector público foral, integrado, entre otros, por GHK, que fue adscrito a la Diputación por resolución del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en 2015.

Por lo tanto, ha insistido en que la Diputación Foral de Gipuzkoa "debería incluir los presupuestos de GHK, no solo a efectos informativos, sino también a efectos de controlar las operaciones de endeudamiento a largo plazo que tengan previsto formalizar".

ADJUDICACIÓN

En esa línea, ha recordado que el GHK adjudicó el pasado 31 de enero el contrato para el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de la incineradora en régimen de concesión administrativa para los próximos 35 años, y tiene previsto firmar un contrato de concesión administrativa en 2017 "con obligación de pagos periódicos, prefijados e independientes del uso de la concesión, que tienen carácter de pasivo financiero bajo la normativa contable".

La coalición soberanista ha asegurado que, "a pesar de la obligatoriedad", la Norma Foral de Presupuestos de Gipuzkoa "no recoge en ningún apartado el enorme pasivo financiero de la incineradora". En su opinión, "al ocultarse la deuda, la misma pretende escapar a los estrictos limites y controles que fijan las normativas europeas, estatales y forales vigentes".

"Nos encontramos, por lo tanto, ante un incumplimiento claro y evidente de la legalidad vigente, que, utilizando la figura de la concesión administrativa de la incineradora, pretende saltarse los controles y limites de la deuda, vulnerando los principios de estabilidad presupuestaria", ha reiterado.

Finalmente, ha advertido de que esto genera una "situación de incertidumbre jurídica" que puede ocasionar consecuencias económicas "graves e irreparables" para las arcas públicas. Por todo ello, "en defensa de los intereses de la ciudadanía", EH Bildu ha interpuesto este recurso contencioso administrativo contra los Presupuestos Generales de 2017.

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