En este sentido, ha criticado que el PP en Diputación "quiera cobrar a los municipios por las asistencias técnicas mensuales, que además quieren reducir de 740 a 10".

En Antequera (Málaga), junto al también diputado provincial del PSOE Antonio Yuste y del concejal socialista Manuel Chicón, ha asegurado que "el PSOE no va a permitir un servicio de disciplina urbanística parcial que solo llegue a la mitad de los municipios menores de 5.000 habitantes", criticando que "el equipo de gobierno pretende aprobar un Reglamento de Disciplina Urbanística con cinco años de retraso y plagado de recortes".

En el anterior mandato, ha explicado, se aprobó un Reglamento de Disciplina Urbanística en solitario con la intención de poner en marcha este servicio en la provincia y que "no ha entrado en vigor hasta ahora, porque el equipo de gobierno nunca ha llegado a publicar el texto definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia".

Fernández ha señalado que cinco años después, "el PP pretende activar este asunto para poner en funcionamiento un servicio de disciplina urbanística selectivo que no llegue a todos los municipios y de segunda división".

"El PSOE de la Diputación se opone a las modificaciones sustanciales que el equipo de gobierno del PP pretende introducir a su propio texto, que ellos solos con su mayoría absoluta en el mandato anterior aprobaron", ha dicho.

Ante esto, desde el PSOE han registrado cuatro alegaciones que esperan cuenten con apoyo suficiente y que el servicio, cuando comience a prestarse, sea "completo y no discrimine a ningún municipios".

"Con estas propuestas, el PSOE sólo pretende que se cumpla de forma íntegra la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que subraya que la provincia prestará obligatoriamente, a petición del municipio, entre otros, el servicio de disciplina urbanística", ha dicho.

Ha reclamado que la prestación del servicio de asistencia material de disciplina urbanística pueda ser solicitada por aquellos municipios de la provincia de Málaga cuya población no supere los 5.000 habitantes. "El PP pretende que reciban este servicio solo los municipios que cuenten con un instrumento de planeamiento general que delimite los asentamientos en SNU o un Avance; sólo 32 de 74. En 2012 el PP planteaba que se prestará el servicio a los 74 municipios menores de 5.000 habitantes", ha manifestado.

Además, exigen no establecer ningún tipo de precio público a los municipios sobre el importe líquido recaudado en los expedientes sancionadores. "Otras diputaciones donde existe este servicio no cobran a los municipios. La de Málaga debe estar y dedicarse precisamente a este tipo de cuestiones y no prestar servicios con un afán recaudatorio", ha dicho, concluyendo con la solicitud de que el secretario de los procedimientos que se incoen pueda ser un funcionario de la Diputación adscrito a la Unidad o bien el secretario de Ayuntamiento, "a elección del municipio".