Empresario Juan Antonio Menchén, acusado en el juicio del caso Palau
El empresario Juan Antonio Menchén, acusado en el juicio del caso Palau. EUROPA PRESS

Uno de los responsables de tres empresas de buzoneo y artes gráficas ha justificado haber hecho donaciones a CDC para echar una mano al partido dejándoles a precio de coste los trabajos que hacían para ellos en las campañas electorales: "No perdíamos nada, simplemente dejábamos de ganar".

Al declarar como acusado en la sesión de este jueves del juicio del caso Palau, Juan Antonio Menchén ha explicado así las "cuantiosas y desproporcionadas donaciones" -en palabras del fiscal- que hicieron a CDC teniendo en cuenta la dimensión de las mercantiles Mail Rent, New Letter y Letter Graphic: 775.000 euros entregados a CDC de 2007 a 2009.

El fiscal cree que estas donaciones fueron una manera más de hacer llegar a CDC las presuntas comisiones que Ferrovial pagaba al partido a cambio de adjudicaciones de obras por parte de instituciones que controlaba el partido, y que supuestamente se canalizaban a través del Palau de la Música.

Las facturas del Palau

Estas empresas facturaron a la Fundació Orfeó Català -una de las instituciones que conforman el Palau- 982.583 euros de 2007 a 2009 por servicios que supuestamente no se hicieron, y que el fiscal considera "el soporte documental mendaz con el cual se ha vestido la salida de parte de los fondos" entregados al Palau para que acabasen en CDC.

"No perdíamos nada", ha afirmado el empresarioAl preguntársele por los conceptos de estos trabajos presuntamente ficticios, Menchén -que sólo ha querido contestar al fiscal y a su abogado- no ha sabido concretar, alegando que no dependían de él, y ha descargado la responsabilidad en un compañero de la empresa: "Lo ha llevado siempre el señor Muñoz con su equipo".

Se refería a Vicente Muñoz -otro responsable de la empresa y también acusado-, que este jueves ha declarado que por enfermedad no podía estar en la gestión del día a día de estas empresas: "Yo era incapaz de tomar decisiones. Me superaban".

"Yo no sabía qué se hacía con las facturas. Yo sabía que se hacían, pero no qué nivel de profundidad tenían", ha justificado Muñoz a preguntas de a su abogado, tras negarse a responder al fiscal, a las acusaciones y al resto de las defensas.

La semana pasada declaró también el tercero de los responsables de estas tres empresas acusados en al causa, Pedro Luis Rodríguez, que también se descargó de responsabilidad en las facturas alegando que él sólo hacía funciones comerciales.

El fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide tres años de cárcel para Muñoz, Menchén y Rodríguez por un presunto delito continuado de falsedad documental, además de una pena de multa.

Cayó "en la trampa" de Millet para ganar bonus

Raimon Bergós, exasesor fiscal del Palau de la Música y exsecretario del patronato de la Fundació Orfeó Català-Palau, ha asegurado este jueves en juicio que los exdirigentes de la institución Fèlix Millet y Jordi Montull falsificaron documentos para adjudicarse un bonus anual de un millón de euros, y que él "cayó en la trampa" al creerles.

El abogado Bergós está acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y el fiscal pide para él tres años de prisión porque --entre otras cosas-- supuestamente ayudó a hacer facturas falsas para justificar las enormes salidas de dinero del Palau en billetes de 500, que motivaron una investigación de la Agencia Tributaria en 2007.

Los acusados Millet y Montull admitieron en el juicio que se adjudicaron ilegalmente sueldos millonarios que llegaron a ser de un millón de euros anual: 200.000 para Montull y 800.000 para Millet, que reconoció haberse equivocado y pidió perdón.

Bergós ha admitido que, como secretario del patronato, redactó un certificado amparando estos 'bonus' a petición de la exdirectora financiera y acusada Gemma Montull, quien le envió la documentación que supuestamente amparaba esa decisión; concretamente, una fotocopia del libro de actas en la que se recogía un acuerdo del patronato al respecto.

Bergós afirma que Millet le tendió "una trampa"Añadieron una "morcilla"

Raimon Bergós ha declarado que esta manipulación se hizo de forma perversa introduciendo una "morcilla" en el libro de actas, y que esto le hizo caer en la trampa y creer que estaba amparado legalmente.

Al insistirle el fiscal en si no sospechó nada pese a ser secretario del patronato, ha argumentado que Millet estaba "en lo más alto de la pirámide social", por lo que no podía ni imaginarse que le estaban enviando documentación falsa para amparar esos sueldos.

Ha tachado de "absolutamente falso" el argumento del fiscal Emilio Sánchez Ulled de que ayudó a hacer facturas falsas para justificar la salida de billetes de 500 desde el Palau durante la petición de información de la Oficina de Investigación del Fraude (Onif) de la Agencia Tributaria; concretamente de 1,7 millones de la Fundació y 600.000 euros de la Associació Orfeó Català-Palau de la Música.

Ha explicado que, al saber que Hacienda les estaba investigando, Millet le dijo que "quería llegar a un acuerdo al más alto nivel" con la Agencia Tributaria y que le pidió directamente si conocía a alguien que les pudiera ayudar, a lo que Bergós le dijo que no, según su versión.

Bergós ha confirmado que fue él quien redactó a posteriori un convenio entre la Fundación del Palau y la Fundació Espai Catalunya de Àngel Colom --que comportó que éste percibiera 75.000 euros en el año 2000-- cuando Hacienda pidió una justificación de algunos convenios del Palau durante una inspección en 2004.

Ha indicado que este convenio no existía por escrito sino que fue acordado de manera oral entre Millet y Colom, y que él se limitó a recopilar la información que le proporcionó Jordi Montull para "reconstruir una realidad material" para que después lo firmaran los implicados.

Ha sostenido que era un convenio para hacer pedagogía de la cultura catalana en las nuevas migraciones y que se creyó que la información que le proporcionaron los acusados era cierta basándose en una "relación de confianza", pese a que el fiscal sostiene que estos fondos no se aplicaron a lo que decía el convenio sino a saldar deudas del extinto Partit per la Independència.

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