La defensa del presunto 'cerebro' de la trama Púnica y ex secretario general del PP en Madrid, Francisco Granados ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Eloy Velasco, pidiendo la citación de la expresidenta autonómica y del partido en esta comunidad Esperanza Aguirre para que aclare si él podría tener la influencia que le atribuye la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre otros cargos  autonómicos en relación con diferentes operaciones urbanísticas investigadas en esta causa.

El escrito del abogado Roberto Granizo Palomeque interesa la citación de otra veintena de personas entre las que se encuentran responsables de la empresa pública Arpegio, la exconsejera de Urbanismo Ana Isabel Mariño, el exconsejero de Cultura Santiago Fisas, los exconsejeros de Medio Ambiente Mariano Zabía y Beatriz María Elorriaga y los exalcaldes Pedro Castro y Juan Soler-Espiauba (Getafe) y Bartolomé González (Alcalá de Henares), entre otros exresponsables autonómicos de la época en la que Esperanza Aguirre era presidenta de la Comunidad de Madrid.

Respecto a esta última, la defensa estima necesaria su declaración para que explique el papel de Granados en el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, en concreto "qué influencia pudo ejercer sobre la gestión de otros consejeros; si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes de la UCO; que señale qué influencia tuvo (...) en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Valdemoro, en los conciertos de colegios y en cualesquiera otros asuntos urbanísticos; así como si los altos cargos de su Consejería lo fueron por decisión suya, en calidad de presidenta, por ser de su confianza".

Las citaciones, según el abogado de Granados, se enmarcan en el interés de su cliente de "colaborar con la Justicia para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan", después de que el pasado 21 de diciembre volviera a comparecer ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, ante quien negó que participara en una financiación irregular de su partido.

En dicha ocasión, Granados, que se encuentra en prisión desde octubre de 2014, concretó que las anotaciones de su agenda —en la que figuran siglas y cantidades que, según sospecha la Guardia Civil, corresponden a una contabilidad B de la formación— responden a actos municipales o de campaña y al número de asistentes a éstos.