Europa sentencia que España incumplió la ley ambiental en la gestión de sus vertederos

  • El Tribunal de Justicia cree que el Gobierno no adoptó las medidas necesarias para evitar que los residuos afectasen a la salud y el medio ambiente.
  • El Ejecutivo se excusó en la complejidad normativa y en la crisis económica.
Vertedero ilegal de Valdemingómez
Vertedero ilegal de Valdemingómez
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Vertedero ilegal de Valdemingómez

España incumplió las obligaciones de la legislación comunitaria sobre el tratamiento de los residuos y los vertederos del país funcionaron durante largo tiempo de manera "ilegal e incontrolada", según dictaminó este miércoles el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En su sentencia, el Tribunal declara que España no respetó sus obligaciones al no haber adoptado las medidas necesarias para asegurar el tratamiento de los residuos sin poner en peligro la salud humana ni dañar el medioambiente, y sin crear riesgos para el agua, el aire, el suelo, la fauna y la flora.

El caso se refiere al procedimiento de infracción que la Comisión Europea (CE) inició contra España en 2007 por el supuesto incumplimiento de la normativa europea.

Los jueces indican en la sentencia, contra la que no cabe apelación, que España "no ha demostrado" el cese de los incumplimientos que constató la Comisión Europea en 63 vertederos incontrolados en desuso, pero aún sin sellar ni regenerar antes de que expirara el plazo fijado por Bruselas.

Ante la persistencia del incumplimiento, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal. España argumentó que había impulsado el "complejo proceso" para cumplir con la legislación europea, pero se escudó en las graves dificultades económicas y presupuestarias del país para justificar sus retrasos. También aseguró que los vertederos incontrolados ya no estaban en funcionamiento y en la práctica totalidad de ellos se habían iniciado operaciones de sellado y regeneración.

Bruselas denunció además que España había incumplido la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que cualquier productor inicial de residuos u otro poseedor realice el tratamiento de residuos o encargara su realización a un negociante u otra entidad o empresa.

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