El consejero, José Miguel Barragán, explica que el Ejecutivo es consciente de la "preocupación" que genera este asunto en la ciudadanía, por lo que se compromete a iniciar una actualización de la legislación cuyo texto será el resultado de un proceso de consultas a la ciudadanía en el que participarán las organizaciones y colectivos implicados en la materia.

La intención del Ejecutivo es que la futura legislación recoja los convenios europeos suscritos por España, si bien no se parte de contenidos concretos en la materia porque la intención es "oír las distintas opiniones" que saldrán en este tema a fin de elaborar una propuesta inicial que sirva para ser debatida más tarde sobre la base de un texto articulado.

El primer paso antes de iniciar el proceso ha sido convocar un grupo interdepartamental en el que, además de esta consejería, también participan la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, la de Sanidad y la de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad para poner en marcha un trabajo coordinado entre todas las áreas del propio Ejecutivo que tienen competencias relacionadas con este asunto, del que saldrá una agenda de trabajo.