Justicia
Imagen de un mazo de justicia. GTRES

La Fiscalía pide catorce años de cárcel para un hombre acusado de maltratar a los hijos de su pareja, uno de los cuales sufrió una parálisis cerebral debido a los golpes que recibió cuando era un bebé, y once años y medio para la madre de los menores por no impedir las palizas.

En la sección vigésima de la Audiencia de Barcelona se ha iniciado este martes el juicio contra Cristian D.F. y Michelle D.O, a los que la Fiscalía acusa de los delitos de lesiones y maltrato habituales —en el caso de la madre, como autora por omisión— y pide que indemnicen con un millón de euros al niño que quedó discapacitado por las palizas.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el acusado, que vivía en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con su pareja y dos hijos menores de esta, de siete y dos años, maltrató de forma habitual a los niños creando en el domicilio un "clima de terror y violencia persistente".

En opinión de la acusación pública, esa situación de "violencia persistente" era conocida por la acusada Según el ministerio público, el 13 de febrero de 2015 el procesado, que se encontraba a solas con el bebé en el domicilio, lo zarandeó con fuerza hasta sumirlo en un estado de inconsciencia, tras lo que avisó a los servicios de emergencia, que lo trasladaron de urgencia al Hospital de Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat (Barcelona).

A consecuencia de la agresión, el niño sufrió un hematoma subdural y hemorragia en las retinas, síntomas propios del llamado "síndrome del bebé sacudido", lo que le ha provocado una hemiparesia que le impide pronunciar palabras, más allá de "sonidos ininteligibles", sostiene el ministerio público.

La Fiscalía cree también que entre noviembre de 2014 y febrero de 2015 el procesado agredió físicamente de forma habitual a la niña de siete años, a la que abofeteaba o daba puñetazos con la mano cerrada en la cabeza, además de pellizcarle en el abdomen y el tórax hasta causarle hematomas que le fueron detectados con motivo de un ingreso en el hospital Sant Joan de Déu.

En opinión de la acusación pública, esa situación de "violencia persistente" era conocida por la acusada, dado que su hija "se lo había explicado y su hijo menor presentaba múltiples hematomas visibles", además de no querer quedarse a solas con el procesado.

Sin embargo, añade el escrito de acusación, la acusada "no adoptó ninguna medida para evitar el comportamiento" del procesado ni que este se quedara a solas con el menor, "incumpliendo sus deberes de protección" y "a sabiendas del riesgo que corrían" los pequeños.

En febrero de 2015, la Dirección General de Atención a la Infancia asumió la tutela de ambos menores, tras acordar su desamparo preventivo.

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