Inauguración de la jornada
Inauguración de la jornada Europa Press/Junta de Andalucía

El encuentro, según ha informado la Administración autonómica, ha contado con la presencia de alcaldes de la provincia y de la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, dado que va dirigida a los agentes políticos y sociales, así como a los principales actores que intervienen en la actividad urbanística, como ayuntamientos, colegios profesionales, partidos políticos, sindicatos, empresarios o consumidores.

El objetivo de estos encuentros es intercambiar experiencias sobre el grado de cumplimiento de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y las líneas maestras que debe seguir su reforma. En definitiva, con esta iniciativa se pretende promover la participación de los principales actores que participan en esta actividad, para que expongan las directrices que deben inspirar la nueva Ley Urbanística de Andalucía.

A este respecto, la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba ha señalado que "la actual LOUA, necesita de una modificación para que se simplifiquen y agilicen los trámites administrativos, y para que se adapte definitivamente a los nuevos tiempos".

Desde la Junta de Andalucía se entiende que, dada su complejidad, es imprescindible contar con la opinión y participación de todos los actores que intervienen en el urbanismo, de ahí que se abra este proceso participativo.

"Entre las causas que han motivado la revisión de la LOUA destacan la crisis económica actual, la necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos y de restarles complejidad, así como las numerosas reformas que han sufrido el texto desde su entrada en vigor en 2002", según ha señalado Crespín.

La modificación de esta ley, aprobada por el Parlamento andaluz en julio de 2016, ya incluía dos disposiciones finales relativas a la simplificación y unificación de la normativa urbanística y a su desarrollo reglamentario. Otro de los motivos fundamentales para esta modificación es la necesidad de profundizar en el principio de autonomía local, ya que hay decisiones urbanísticas que se abordan mejor en el ámbito local.

Crespín ha resaltado la "importancia y repercusión social de los temas urbanísticos, muy sensibles para las propias administraciones, la ciudadanía y también para la configuración de los núcleos urbanos, y el desarrollo social y económico", de modo que "es necesario contar con una herramienta como la LOUA, y a la vez poner en común puntos de vista, siempre con el objetivo de introducir mejoras en una ley fundamental para el desarrollo urbanístico a futuro de nuestros municipios, cada uno con sus casuísticas especiales y sus necesidades".

"El desarrollo urbanístico, por tanto, nos afecta a todos y es necesario contar con la opinión de todos los agentes que tienen algo que aportar en esta materia, para contar con un instrumento consensuado, que dé respuesta a esas realidades urbanísticas y para planificar también el urbanismo del futuro, pensando siempre en el interés general, la calidad de vida, la sostenibilidad y en pueblos y ciudades habitables y accesibles y armónicas", según a concluido la delegada.

Por su parte, el director general de Ordenación del Territorio, Alejandro Márquez, ha señalado que "es necesario avanzar en el principio de autonomía local y dar un tratamiento diferenciado a las distintas realidades de los municipios, ya que la Ley no puede dar el mismo tratamiento a todos, por las singularidades que presentan". Márquez se ha referido, igualmente, a la necesidad de "agilizar la tramitación de los procedimientos urbanísticos, ya que la ciudadanía necesita eficacia, y eficiencia".

El director general también ha aludido al fenómeno de las parcelaciones y ha recordado que, "desde 2012, la Junta está ofreciendo respuestas a un tema complejo, que lleva muchos años presente, y que la voluntad del Gobierno andaluz es inmejorable, para dialogar y abordar todas las problemáticas y dar respuesta a las demandas de los ciudadanos".

Márquez ha recordado que "en julio del pasado año hubo una modificación de la LOUA, para dar esas respuestas y que con estos instrumentos legales la Junta" ha reaccionado ante "la realidad de diferentes municipios y de las familias afectadas".

Por último ha mostrado la disposición de la Junta a buscar soluciones desde el diálogo, dejando claro que "no se puede pedir a una administración que regularice situaciones conflictivas, como riesgo de inundación y, por tanto, hay que estudiar todos los casos con detenimiento, porque la casuística es muy amplia". Para Márquez es necesario "ir hacia un marco normativo que ofrezca seguridad jurídica

y garantías".

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