La recién constituida Asociación Profesional de la Venta Ambulante (APDEVA), que integra al 80% del sector y a unas 250 familias mayoritariamente gitanas, ha solicitado hoy a los ayuntamientos cántabros que bajen las tasas de los puestos de los mercadillos y que sean "flexibles" con la documentación que piden cada año.

Además, en rueda de prensa, el presidente de la agrupación, Jesús Pérez, 'Tío Paco', también ha denunciado que el colectivo no está de acuerdo con la reciente adjudicación de los 96 puestos del mercadillo de Laredo, ya que a la zona de Cantabria "solo ha correspondido el 10% del sorteo" y el 90% restante ha sido para el País Vasco.

"No hay legalidad en nuestra vista", ha comentado Pérez, que ha explicado que, antes de tomar una decisión, APDEVA se informará "bien" de lo sucedido y recabará la documentación pertinente. Los puestos nunca se habían sorteado de esta manera y en la asociación "sospechan" que "no ha habido mucha legalidad" en la adjudicación de los puestos del mercadillo pejino.

Este es uno de los problemas a los que pretende hacer frente la nueva agrupación, que nace en un contexto de descenso de la venta ambulante, que cayó un 65% en 2015 en España, según la Universidad de Alcalá de Henares, y que en Cantabria también se ha reducido. "No tenemos cifras pero nuestro trato es muy cercano y sabemos que hay gente pasándolo económicamente muy mal", ha afirmado Pérez.

Como ejemplo, han apuntado al descenso de puestos que se ha producido en Castro Urdiales, que ha pasado de contar con más de 90 cuando el mercadillo estaba en la zona centro a 40 ahora que se ha trasladado a Cotolino, un barrio "apartado", por la "decisión de un político".

Este cambio de ubicación a una zona "con muchas viviendas pero donde no vive nadie" salvo en verano ha conllevado que "muchos -vendedores ambulantes- han tenido que abandonar el puesto". Además, según han denunciado, estas concesiones no se han renovado pese a existir 300 solicitudes para cubrirlas.

En este contexto, APDEVA, que defiende a todo el colectivo de venta ambulante, no solo gitano, ha pedido a los ayuntamientos que reduzcan las tasas de los puestos, ya que éstas "carecen" de los preceptivos informes técnicos y económicos, lo que hace que "no sean tasas sino impuestos", a juicio de Pérez.

Además, ha subrayado que los vendedores ambulantes "pagan más que cualquier comercio pequeño", aunque hay diferencias entre ayuntamientos. Así, mientras en Sarón se cobra 40 euros al trimestre, en Torrelavega se pagan 1.800 euros al año por un puesto de cuatro metros, frente a los 600 de Santander y los 500 de Santoña.

"Mantener los puestos es un hándicap porque un vendedor que vaya a Santander, Santoña y Torrelavega, que es donde más se vende, se gasta al año 5.000 ó 6.000 euros en ello y sin contar otros gastos de desplazamiento, seguros, mantenimiento...", ha apuntado Pérez.

También han reclamado a las administraciones locales que sean "un poco flexibles" porque "cada año piden una documentación diferente" para las licencias.