Los acusados, para los que la Fiscalía pide penas de entre 12 y dos años de prisión, se sentarán en el banquillo ante el tribunal de la Sección Tercera en un juicio que tendrá continuidad los próximos jueves y viernes.

El fiscal acusa a tres hermanos de un delito de organización criminal al considerar que eran ellos quienes acudían a una armería para efectuar la compra de "armas inutilizadas o pistolas detonadoras" que posteriormente llevaban a una empresa de mecánica para proceder a su reparación a través de terceros y así "poderlas vender nuevamente".

Con ello, según consta en el escrito de acusación provisional consultado por Europa Press, pide diez años de prisión para J.V.F., J.J.V.F. y M.V.F, a quienes también acusa de almacenar parte del material en la vivienda en la que compartían y en la que se hallaron gran cantidad de piezas, cartuchos y proyectiles pese a que carecían "de cualquier tipo de permiso o de licencia".

Durante el registro realizado por la Guardia Civil bajo orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, también se comprobó como los hermanos -dos de ellos con antecedentes por tenencia ilícita de armas- tenían en ático de la vivienda una pared "que era utilizada a modo de galería de pruebas de armas de fuego" de la que se extrajeron ocho proyectiles, entre ellos, dos bolas de rodamiento que habían sido disparadas. Se recogieron además varios casquillos, algunos de munición detonadora.

El Ministerio Público interesa además hasta 12 años de prisión para L.G.R., el dueño de la armería, y cinco para sus dos hijos, de los cuales únicamente uno poseía la condición de armero, a los que acusa de un delito de depósito de armas y, en el caso de progenitor, de tenencia ilícita de armas prohibidas, ya que en las instalaciones se hallaron arma "rehabilitadas" y "sin numeración", otras "de carácter artesanal".

Los agentes también encontraron "fuera de los depósitos autorizados" más de 900 cartuchos de distinto calibre y "piezas fundamentales de armas de fuego catalogadas como armas prohibidas" sin que "en ningún caso puedan ser fabricados ni manipulados" ya sea por particulares o por los propietarios del establecimiento "estando, por tanto, destinados a su tráfico ilícito", según apunta la Fiscalía.

A lo largo de los registros se hallaron 40 armas "ya completas o formadas a partir de piezas por separado" en la casa particular del dueño de la armería, que las "poseía en su domicilio de forma ilegal". De ellas, 22 estaban "en buen estado de conservación" y "funcionaban correctamente".

Junto a esto, el fiscal pide dos años de prisión para dos empleados del taller acusados de manipular "de forma clandestina" las armas para su arreglo así como a una tercera persona a la que atribuye la función de facilitar las piezas para confeccionar las pistolas y revólveres. También se intervinieron armas almacenadas en casas de otros acusados, a los que se piden penas de entre tres y cuatro años de cárcel.