El futuro de los habitantes de la Cañada Real, el poblado en el que el Ayuntamiento de Madrid derribó el pasado 18 de octubre una casa habitada por una familia marroquí y cuyo desalojo acabó en batalla campal, puede cambiar por completo. Un informe municipal de Urbanismo reconoce que en la Cañada Real hay viviendas unifamiliares, no chabolas. Este detalle es fundamental, pues, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son las chabolas y no las viviendas unifamiliares las que pueden someterse a desalojo y derribo. El Consistorio asegura que el informe «no cambia nada», porque las casas son «ilegales». Los vecinos creen que es el primer paso para ser legalizados.