Según ha explicado a Europa Press Antonio Muñoz, portavoz del colectivo ecologistas en el Campo de Gibraltar, los promotores del proyecto en esta finca situada junto a Sotogrande, son Guadalquitón Inversores, S.L. y Servicio Índice, S.A.

Ante el inicio del procedimiento de evaluación ambiental del Plan Parcial de Guadalquitón, que está en fase de consultas previas sobre el documento ambiental estratégico, Verdemar ha aseverado que "vulnera las determinaciones de la planificación territorial vigente", pues "contradice" las normas de aplicación directa del Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y del Plan de Protección del Litoral de Andalucía que, respectivamente, "prohíben la construcción de viviendas y hoteles en la finca".

Por otra parte, ha apuntado que el Plan Parcial "choca con la futura inclusión de la finca en el Parque Natural Los Alcornocales, por aprobar en este ejercicio 2017, que ordena como únicos usos compatibles lo actuales forestal y ganadero".

Así, "en virtud de la protección cautelar que la Ley de Patrimonio Natural otorga, no puede aprobarse un desarrollo urbanístico que hará imposible alcanzar los objetivos del futuro espacio natural".

Además, desde el colectivo ecologista han apuntado que el Plan Parcial "contradice la reclasificación urbanística de la finca a suelo no urbanizable de especial protección, como prevé la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de San Roque cuya tramitación ya se ha iniciado, dando así cumplimiento lógico a toda la planificación territorial y ambiental".

Por ello, Verdemar entiende que "debe evitarse el absurdo de llegar a aprobar un Plan Parcial que devendrá incompatible con la ordenación futura del municipio y no podrá siquiera ejecutarse, máxime cuando deberá suspenderse su tramitación conforme al artículo 27 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía".

"ARGUMENTOS INFUNDADOS" Y "CHANTAJE"

Según han asegurado los ecologistas, los promotores aportan un Documento Ambiental Estratégico "repleto de argumentaciones infundadas y sesgadas sobre la supuesta inaplicabilidad de los planes territoriales", y acompañan "un informe interesado" sobre flora que diagnostica "una presunta ausencia de flora protegida y amenazada en el sector de la finca que se urbanizaría, ignorando la localización real y oficial de esas especies".

A ello, ha sumado que los promotores "juegan al chantaje" cuando afirman que el rechazo al Plan Parcial "acarrearía la obligación de las administraciones competentes de indemnizarles por las expectativas urbanísticas frustradas", que cifran en "532 millones de euros".

Esto lo hacen, según ha resaltado, "ocultando la doctrina del Tribunal Supremo que niega tal derecho indemnizatorio cuando aún no se ha llegado a aprobar el Plan Parcial y el posterior Proyecto de Urbanización, que es cuando se materializan tales expectativas en genuinos aprovechamientos lucrativos".

Por todo ello, Verdemar ha instado a la Administración autonómica y local a "aplicar con rigor la planificación territorial y la legislación urbanística y ambiental vigentes", para poder preservar "el último espacio litoral sanroqueño no transformado, y el único alcornocal costero mediterráneo del territorio español que ha sobrevivido a la presión urbanística".