El 63% de los empleados públicos españoles tienen más de 50 años, según un estudio sobre empleo público realizado por la escuela de negocios Esade y editado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El empleo público en España representa el 13% de la población activa y el 17% de la población empleada. En plena crisis, en 2012, el empleo público alcanzó su máximo histórico, al suponer el 18% del total de ocupados.

Durante los primeros años de la recesión, el empleo público aumentó, pero entre 2011 y 2014 se destruyeron más de 300.000 empleos públicos, la mayoría temporales y ocupados por jóvenes. No obstante, cuando la economía española empezó a crecer de nuevo, el empleo público retomó su senda creciente, de forma que a cierre de 2015, el nivel de empleados públicos en España era similar al que había antes de la crisis, en 2008, en contraste con lo ocurrido en el sector privado, que perdió 3,2 millones de puestos de trabajo en la crisis.

En total, al finalizar el tercer trimestre de 2016 había 3,3 millones de empleados públicos, de los que más de la mitad se concentran en las comunidades autónomas (en 1986 sólo aglutinaban al 6% de los empleados públicos). "Si hacemos una foto de nuestro empleo público, estamos, en tamaño, por debajo o igual que los países de nuestro entorno, pero si lo vemos en movimiento, lo que nos muestra es una fuerte tendencia expansiva del empleo público, poco controlada por las Administraciones", asegura el director general adjunto de Esade, Francisco Longo.

El porcentaje en España de empleo público sobre el total de ocupados (17%) es inferior a la media de la OCDE (21%), pero la remuneración del empleo público en relación al PIB es muy similar a la media (11%). La razón más probable, ha explicado Longo, es que en muchos países existe mucho empleo público a tiempo parcial, no de jornada completa, como en la mayor parte de los casos que componen el empleo público en España.

En opinión de Esade y el IEE, que el 63% de los empleados públicos españoles tengan más de 50 años es a la vez "amenaza y oportunidad". En concreto, el envejecimiento de la plantilla pública lo consideran una amenaza porque implicará "descapitalizar" a corto plazo el empleo público. Sin embargo, también –dicen– supone una "oportunidad" porque el proceso de jubilaciones "masivas" que España debe afrontar en los próximos años podría aprovecharse para cualificar el empleo público, "dotándolo de más inteligencia y menos trámite".