Según ha recordado la entidad en un comunicado, el 15 de Octubre FNCB presentó una reclamación formal a la Abogacía del Estado instando a la presentación de un recurso contra la instrucción que impone el catalán como requisito obligatorio para los proveedores de servicios que quieran contratar con el Ayuntamiento.

Círculo Balear ha explicado que el Ministerio atendió esta reclamación demandando al Consistorio al mes siguiente a través de un recurso contencioso administrativo contra esta normativa.

"Aún así el Ayuntamiento vuelve a incluir cláusulas en los pliegos exigiendo el catalán a los posibles adjudicatarios, como sucede en el nuevo concurso de semáforos", han manifestado.

Por ello, la entidad ha vuelto a presentar la misma reclamación formal basándose en que "se obliga a las empresas contratistas a entregar toda la documentación técnica y los trabajos al menos en catalán".

Esta exigencia, han indicado, se traspasa también a las comunicaciones por megafonía, manuales de uso, etiquetaje o embalaje en la prestación de servicios, la ejecución de obras o la puesta a disposición de suministros.

FNCB ha expresado su confianza en que se anule esta normativa "anticonstitucional por discriminatoria teniendo en cuenta que ya existen dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Sebastián que anularon las normativas que imponían exigencias lingüísticas.

En ellas, según ha recogido la entidad, se exponía que se limitaba "objetivamente la concurrencia en el proceso de licitación vulnerando el principio de libre concurrencia e igualdad de trato".