Dicen que la Ley de Dependencia constituirá, cuando esté en marcha, el cuarto pilar del estado de bienestar.

Pero, de momento y hasta que se implante en su totalidad en 2015, se ha convertido en un arma política que utilizan PSOE (en el Gobierno central) y PP (en la Junta), y que tiene en medio a los 84.000 dependientes que se estima hay en la región.

El caso es que este año a 15.000 personas, las que mayor grado de dependencia tienen, deberían haberlas diseñado un programa de atención individual para ver que necesitan, pero hasta el momento no se ha hecho. La Junta echa la culpa

El Gobierno, por su parte, asegura que en el mes de mayo ya dio vía libre a las autonomías para que establecieran su propio criterio.

Enfado sindical

Ante esta situación, los sindicatos UGT y CC OO, que organizaron unas jornadas sobre la implantación de la ley, aseguraron que si la situación no se agiliza se movilizarán.

Los dos sindicatos consideran que hay dinero suficiente y que hay que hacer efectiva la norma.

El próximo año

12.000 afectados más: A los 15.000 grandes dependientes se sumarán en 2008 12.000 de grado II y nivel II.

17.000 solicitudes: han habido para se evaluados (2.469 en Valladolid) y determinar su grado de dependencia. 12.000 ya han sido vistos y 1.083 tienen resultado. (el 80% son grandes dependientes).

AMPARO VALCARCE. Secretariado estado de servicios sociales

«Hemos cumplido, ahora el turno es de las autonomías».

Asegura que el Gobierno ha desarrollado todas las normas que exige la ley, «en un tiempo récord».

«Ahora es el turno de las autonomías», aclaró. Respecto a la financiación explicó que «hay dinero suficiente» y que este año se ha incrementado en un 400% la financiación adicional.

CÉSAR ANTÓN. Consejero de familia e igualdad

«Si no regulan nosotros no podemos avanzar»

Afirma que la Junta aporta 313 millones de euros a la Dependencia, el 90,5% del total, mientras que el Estado sólo da el 9,5%.

«Falta que se regule la financiación que corresponde a los dependientes.Sin esto no podemos avanzar. Además, debe ser igual en toda España para que no haya desigualdades».