El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado un impulso a la única pieza secreta, la 14, de la macrocausa Púnica. El objetivo de las pesquisas es averiguar si el PP de Madrid se ha financiado irregularmente y a través de qué vías.

El juez ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil rastrear la presunta comisión de irregularidades en varios proyectos estrella de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en el marco de esta pieza secreta.

La nueva batería de diligencias ordenadas por el magistrado, en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido requerimientos de documentación a las Consejerías de Sanidad, Transportes y Urbanismo, la sociedad pública Áreas de Promoción Empresarial (Arpegio) y la Dirección de Justicia madrileña, concretan estas fuentes.

El objetivo, indagar en grandes iniciativas de la última etapa de Aguirre como el plan de infraestructuras sanitarias del periodo 2004 a 2007 -que incluía el desarrollo seis hospitales- o la Ciudad de la Justicia lanzada por Aguirre en el 2005 y que, tras quedar paralizada por la crisis, fue recuperada en 2014 por su sucesor en el cargo, Ignacio González.

Otro de los proyectos investigado es la ampliación de líneas de Metro y su inauguración en 2007, ante las sospechas de que una de las empresas de la trama Púnica, Waiter Music, se beneficiara de la adjudicación irregular de las fiestas de inauguración de estas extensiones. Los agentes han puesto el foco en las partidas de publicidad asignadas a estos proyectos.

En esta nueva fase en la investigación, el juez Velasco ha iniciado una batería de interrogatorios que ha abierto este miércoles un nuevo imputado en esta pieza, el exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría. También han comparecido en la Audiencia Nacional el empresario Arturo Fernández y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez, que ya fueron investigados hace meses.

El magistrado, que reflejó hace meses en un auto que dispone de "potentes indicios y datos objetivos" de que el exsecretario general de la formación Francisco Granados "recibió dinero para la posible financiación del PP". Según publica El País, de hecho, tiene en su poder papeles "secretos" que evidenciarían la supuesta caja B. Por eso el juez ha ordenado una nueva tanda de registros y requerimientos de información que abarcan, además de las citadas sedes oficiales, distintas empresas y domicilios.

Los documentos provendrían del domicilio de Gutiérrez y aportan importante información, entre otras cosas, sobre la investigación de donaciones de empresarios a la fundación Fundescam, creada en tiempos de Esperanza Aguirre, a cambio de contratas y adjudicaciones públicas. Parte de ese dinero, presuntamente, se habría destinado a financiar actos y campañas electorales de manera continuada y hasta 2011, según el diario.

Velasco investiga también la adjudicación de contratos de publicidad por el 1% del total de la obra en las consejerías de Sanidad, de Transportes o en la empresa pública Nuevo Arpegio, entre otros organismos. Esto afectaría de lleno, publica El Independiente, al plan de infraestructuras sanitarias 2004-2007, que contemplaba  la creación de seis hospitales en distintas localidades de la Comunidad de Madrid. El juez quiere saber si el dinero se dedicó a eso o a otra cosa.

Por todo lo anterior, el juez ha interrogado este miércoles a Echeverría, que presentó su dimisión como presidente de la Asamblea de Madrid en diciembre de 2015 tras dar positivo en una prueba de alcoholemia después de colisionar con otro vehículo en la A-6. Fue también consejero de transportes e infraestructuras del Gobierno autonómico, senador y concejal del ayuntamiento de Madrid.

Velasco también ha tomado declaración a Fernández, condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black, y a Gutiérrez. Los tres han dejado la Audiencia Nacional sin medidas cautelares, según fuentes jurídicas, que han indicado que han declarado "con mucha sinceridad" ante Velasco y las fiscales del caso.

Otro de los implicados es el empresario Javier López Madrid -consejero de OHL y yerno de Juan Miguel Villar Mir-. Las sospechas contra Gutiérrez y López, que fueron detenidos por la Guardia Civil antes de declarar la primera vez, parten de las anotaciones encontradas en una agenda de Granados.

Aguirre, ahora portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, ha reiterado que no le consta "ningún tipo de financiación ilegal en el PP de Madrid" siendo ella presidenta de la Comunidad (2003-2012). No obstante, ha reconocido que no pudo ocuparse de vigilar la financiación del PP regional (que presidió entre 2004 y 2016) porque, entre otras cosas, se tenía que ocupar de construir doce hospitales.