La parlamentaria de la formación morada, Ana Carmen Sainz, ha declarado que "hay una urgente necesidad por sacar adelante esta propuesta porque la mujer rural sufre también la violencia física y psicológica, pero tiene una mayor dificultad de acceso a las instituciones públicas en las que puede denunciar y obtener apoyo".

La propuesta define una serie de medidas que refuerzan la protección de las víctimas que viven en entornos rurales, como el acercamiento y descentralización de los recursos especializados para que la atención necesaria no se vea impedida por el desplazamiento o la distancia.

"La seguridad de una mujer no puede depender de si tiene capacidad para desplazarse de forma autónoma, es el Gobierno el que tiene que garantizar el acceso a los servicios sociales" explica Sainz. En la propuesta no de ley también se especifica la necesidad de garantizar el acceso a vivienda pública en condiciones económicas asumibles para aquellas mujeres inmersas en un proceso de violencia machista, así como un sistema de ayudas para el pago de alquileres o hipotecas a mujeres que se enfrentan a estos abusos.

"La alternativa habitacional fue ya planteada por Podemos, pero su aplicación en el mundo rural es más compleja y más difícil de realizar de forma inmediata", según la parlamentaria.

Además Podemos propone que los hijos e hijas de las víctimas tengan la adecuada protección frente a sus agresores, y la atención necesaria para paliar problemas emocionales o sociales desarrollados a raíz de la violencia.

Sainz ve necesario también impulsar la formación, especialmente entre la gente más joven que vive en entornos rurales, para poder detectar y todas las formas de violencia machista, y reforzar la información sobre recursos y atención para poder denunciar una situación de violencia.

Podemos recuerda que en lo que va de año 2017 han muerto dieciocho mujeres por violencia machista y que esta es más difícil de combatir en entornos rurales en los que, tradicionalmente, es el hombre el que controla las propiedades y las rentas familiares, por lo que la dependencia económica de la mujer es mayor. Además, acercar y descentralizar los servicios resulta decisivo puesto que la vida en pequeños municipios supone la pérdida del anonimato, pudiendo conllevar la estigmatización de la víctima en su entorno más cercano.

Por eso la formación morada plantea la creación de redes de cercanía solidaria que complementen el acercamiento de las estructuras estatales y así combatir la violencia machista de raíz, asegurando que la víctima no se sienta sola en ningún momento.