Este encuentro se ha celebrado después de que en una reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado mes de diciembre, el Estado se mostrase abierto a negociar su posible desistimiento en los recursos que tiene planteados ante el Tribunal Constitucional contra leyes navarras y que aún no han sido resueltos, tal y como había solicitado la consejera Beaumont.

Durante la reunión, que se ha prolongado por espacio de hora y media, han analizado una por una las leyes forales recurridas y han constatado que "en algunos casos es posible llegar a acuerdos, que se concretarán en fechas próximas y que podrían desactivar los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno central", ha informado el Ejecutivo foral en un comunicado.

Las leyes forales que se encuentran actualmente recurridas por el Estado, bien en su totalidad o bien en determinados artículos, son la ley foral 14/2007 del patrimonio de Navarra; la ley foral 18/2012 sobre complementación de las prestaciones farmacéuticas; la ley foral 24/2013, de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra; y la ley foral 8/2013, por la que se reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público sanitario de Navarra.

También se encuentran recurridas la ley foral 24/2014, reguladora de los colectivos de usuarios de cannabis en Navarra; la ley foral 15/2015 por la que se modifica la ley de las policías de Navarra; y la ley foral 16/2015 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

En la reunión, celebrada en la sede de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, también han participado la directora del Servicio de Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra, Belén Cilveti; y la directora de gabinete del secretario de Estado, Eloísa Contín.