Asimismo, la Benemérita ha interpuesto un total de 48 infracciones administrativas muy graves al primer detenido, autor material de los hechos, a la Ley de Caza en Aragón, por "efectuar aprovechamiento comercial de cualquier actividad cinegética en zonas no cinegéticas".

La investigación comenzó el pasado mes de noviembre, cuando un vecino de Calatorao comunicó un posible uso indebido de su firma y autorización en un permiso de caza de conejos en terrenos no cinegéticos para disminuir el daño de estos animales en los campos.

Este documento es una autorización en la que debe constar el titular de la finca donde se realiza la caza y la identidad del cazador, además de la fecha y lugar concreto donde se lleva a cabo. Por esta actividad no se puede obtener un beneficio económico, es decir, que no se puede cobrar una tasa por cazar, como en el caso de un coto.

Los agentes localizaron en tres ocasiones a varios cazadores, en un área de servicio de la autovía A-2, tramitando documentos relacionados con la actividad de la caza. Tras su examen, se pudo comprobar que en alguno de ellos constaba la firma del presidente del sindicato de riegos. En los otros documentos aparecía el nombre de propietarios de otras fincas particulares también afectadas por la plaga de conejo.

La Guardia Civil intervino la documentación y comprobó que se había tramitado sin su conocimiento. El presidente del sindicato de riegos, por ejemplo, únicamente había expedido en una ocasión este documento para realizar la caza a una persona, por lo que del original se habrían obtenido copias que serían utilizadas sin su consentimiento en otras fechas posteriores.

El resto de propietarios había autorizado en alguna ocasión a una determinada persona para la caza en su propiedad, pero desconocía que se hubiera expedido documento para otros cazadores a quienes ni siquiera conocían.

MODUS OPERANDI

La Guardia Civil ha explicado que el primer detenido, vecino de Fuentes de Ebro, se habría puesto en contacto con los propietarios perjudicados a través de un vecino de Calatorao y tras ganarse su confianza, estos le habían expedido el documento para autorizarle a él y algún amigo suyo a que fuera a su propiedad a cazar conejos.

Esta persona había ofertado a través de internet, en multitud de ocasiones, la caza de conejos en fincas de la provincia de Zaragoza por la presencia masiva de estos animales que causaban daños en las mismas.

Los cazadores se ponían en contacto con él y, a cambio de pagar una cantidad concertada por día y cazador, ejercían la actividad un día concretado. Para ello, siempre tenían su punto de encuentro en el mismo lugar, una estación de servicio de la A2, donde tramitarían los documentos y se trasladarían a las fincas no cinegéticas para cazar.

La Guardia Civil tomó manifestación a nueve cazadores que concertaron la caza con la persona investigada y se pudo determinar que ellos desconocían completamente que este trámite no fuera acorde a la ley ya que el sospechoso ofertaba la caza a modo de coto privado de caza "para hacer pensar que todo era legal".

Además, todos ellos, bien habían pagado una tasa de 80 euros diarios por día y cazador, en metálico, o bien un pago en especie. Incluso alguno de ellos estuvieron varios días consecutivos realizando esta actividad.