Se trataba de las exediles socialistas Guillermina Navarro, María José Borge y María Dolores Gutiérrez, toda vez que según las fuentes consultadas por Europa Press, todas ellas se habrían acogido a su derecho constitucional a no declarar, como ya lo hicieron este pasado miércoles la que fuera teniente de alcalde Miriam Burgos, actual directora general de Personas Mayores y Pensiones de la Junta de Andalucía; la exedil socialista Gloria Marín y el actual segundo teniente de alcalde del Gobierno municipal de la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez, Salvador Escudero.

Respecto a las tandas de comparecencias de investigados ordenadas en una providencia emitida el pasado 11 de enero y recogida por Europa Press, el juez instructor tiene aún pendiente tomar declaración como investigados al exedil del PSOE Rafael Chacón, secretario general de la agrupación socialista de Alcalá y actual director general de Movilidad de la Junta de Andalucía, y a Jesús Salvador Jurado Castaño, uno de los antiguos proveedores de ACM. Y aunque su comparecencia estaba en principio fijada para este viernes, finalmente habría sido aplazada.

EL CASO ACM

El asunto, en resumen, parte de la denuncia elevada a la Fiscalía por las fuerzas de oposición del Ayuntamiento de Alcalá, allá por junio de 2013, cuando ACM afrontaba ya su fase de liquidación. Dicha denuncia contendría una grabación sonora en la que una voz que los denunciantes identifican con la del contable de la sociedad, Javier Luque González, hablaría de la supuesta financiación de gastos particulares y privados de todo tipo con cargo a las cuentas de la entidad, figurando el propio exalcalde socialista Antonio Gutiérrez Limones, entre los beneficiarios de esta práctica según el testimonio de la grabación.

Los gastos facturados a ACM pero ajenos a sus fines, según la investigación judicial, incluirían supuestamente "viajes a Puerto Rico, Sierra Nevada o Estados Unidos", "una operación quirúrgica" a la que se habría sometido el gerente, José Luis Díaz, o "regalos" tales como "relojes y libros", toda vez que el Gobierno local socialista ha negado en todo momento que hayan mediado prácticas delictivas en la gestión de la empresa.

En cualquier caso, a comienzos del pasado mes de mayo de 2016, el juez instructor dictaba un auto acordando "dar conocimiento y traslado de la presente causa a Antonio Gutiérrez Limones (entonces alcalde de Alcalá de Guadaíra y diputado del Grupo socialista en el Congreso tanto en la anterior y efímera legislatura, como en la actual), para que se persone si así lo desea a los efectos de que pueda ejercer su defensa frente a los hechos que se le imputan, otorgándole la posibilidad de constituirse como parte y tome conocimiento de la misma".

Tras la emisión de dicho auto, Gutiérrez Limones decidió dimitir como alcalde de Alcalá, alegando la "incompatibilidad" orgánica en la que habría incurrido al simultanear los cargos de alcalde y de diputado, cargo que sigue ostentando con el consiguiente aforamiento.