En rueda de prensa, Lucía Guillén ha dado a conocer una proposición no de ley, que se tramitará en el Parlamento autonómico, en la que también instan al Gobierno de España a modificar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad aprobada en 2007 a iniciativa del Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Las especies catalogadas como exóticas tienen "un interés económico esencial" en Aragón, donde representan el 85 por ciento de los ejemplares, han expuesto.

Lucía Guillén ha opinado que el Plan del Gobierno de Aragón puede favorecer el furtivismo y ha llamado la atención sobre la histórica presencia de algunas de las especies catalogadas como alóctonas, como la trucha arcoíris, introducida durante la época romana. Ha pedido al Ejecutivo aragonés que conceda las autorizaciones administrativas pertinentes para fomentar la pesca recreativa y deportiva, como permite la Ley.

También ha comentado que el Plan establece la instalación de contenedores para almacenar los ejemplares muertos, pero no indica quién asume ese coste, ni cómo se gestionarán, asegurando que el Ejecutivo regional ha creado un problema "sin ofrecer ninguna solución".

A medio plazo, supondría "esquilmar el río", ha planteado Guillén, quien ha expuesto que en un campeonato de pesca con 50 deportistas se capturarían unos 600 kilos de peces que tendrían que ser sacrificados y trasladados a los contenedores, trasladándoles el problema.

La diputada del Partido Aragonés ha alertado de que "las consecuencias han empezado a notarse" ya que se han reducido las reservas turísticas un 50 por ciento y la venta de embarcaciones un 40 por ciento, por lo que las consecuencias "van a ser duras y nefastas". En 2016, se concedieron 44.487 permisos de pesca en el Mar de Aragón y otros 20.014 para el pantano de Ribarroja.

MODIFICACIÓN URGENTE

La senadora Rosa Santos ha señalado que, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo sobre un recurso de organizaciones ecologistas, las especies consideradas invasoras deben ser erradicadas, aunque la modificación de la Ley de Pesca realizada en 2015 contempla la posibilidad de excluirlas del catálogo por circunstancias socioeconómicas, lo que el Reglamento de Pesca de la Unión Europea reconoce por el impacto social.

La senadora del PAR ha dicho que la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel Tejerina, quiere impulsar la reforma de la Ley de Pesca por el trámite de urgencia y que el PSOE, en el ámbito nacional, apoya la reforma.

En el caso de Aragón, el Plan de Pesca y las Órdenes de Veda restringen la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo y de la Ley, pero el tiempo apremia, ha considerado Santos, ya que la temporada comienza en marzo y "la dependencia es tremenda" en algunas localidades, como Caspe y Mequinenza, donde el impacto directo es de seis y ocho millones de euros, respectivamente, y muchos empleos dependen del sector. Ha observado que en Andalucía y Extremadura, donde la pesca también tiene un importante papel, "han optado por el principio de prudencia".

Santos ha dejado claro que con la propuesta del PAR no resulta perjudicado el medio ambiente y ha comentado que el 23 de abril se manifestará la Plataforma Rural en Defensa de la Pesca.

"No entendemos cómo estamos hablando de iniciativas sobre despoblación", cuando "estamos desactivando sectores económicos capitales" que están "desconcertados", ha concluido.