El pleno ha rechazado la toma en consideración de la iniciativa con siete votos a favor, 31 en contra y la abstención del PP.

El portavoz del PI, Jaume Font, ha explicado que el objetivo de la iniciativa es "dar ya una respuesta" a los problemas de pobreza energética ya que "no ha hecho sino aumentar los últimos años" y "ha reducido el poder adquisitivo", cuestión agravada por la subida de los precios del suministro eléctrico.

Para Font, medidas como el bono social eléctrico "no han tenido el efecto esperado" por culpa "de una definición errónea de los destinatarios de las ayudas". Según ha dicho, "se destinan recursos a las segundas residencias de viviendas no vulnerables en lugar de destinarlos a viviendas habituales de familias vulnerables".

Además, desde el PI consideran que la Ley de Vivienda "no concreta nada en materia de pobreza energética".

LA PROPOSICIÓN DE LEY

Los objetivos del proyecto presentado por el PI son delimitar los colectivos considerados consumidores vulnerables y especialmente vulnerables y evitar los cortes de luz y gas a estas personas; además, incluye medidas de eficiencia energética para mayor ahorro.

Según el texto defendido por el PI, se considerarían personas o unidades de convivencia vulnerables aquellas que tienen ingresos superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) pero inferiores a dos veces dicho indicador (entre 532 y 1.065 euros o hasta 1.331 según determinados factores, como mayores o personas con discapacidad a cargo, por ejemplo).

También, se consideraría en situación de especial vulnerabilidad las personas o unidades de convivencia con ingresos totales superiores una vez al IPREM e iguales o inferiores a 1,5 veces dicho indicador que además se encuentren en determinadas situaciones como casos de emergencia social que establezcan los servicios sociales.

Así, la propuesta establece ayudas de hasta el 100% del coste de la factura para los casos de especial vulnerabilidad y entre el 50 y el 75% para los de vulnerabilidad.

Para evitar la suspensión del suministro determina que si los servicios sociales detectan casos de vulnerabilidad los pongan en conocimiento del suministrador y que si la empresa quiere realizar un corte de servicio lo tenga que comunicar a los servicios sociales.

PODEMOS: "ES UNA COPIA" DE LA LEY DE PODEMOS ARAGÓN

El diputado de Podemos, Carlos Saura, ha recalcado el "compromiso" de Podemos en la lucha contra la pobreza energética y ha asegurado que la iniciativa del PI es "un copia y pega" de la ley presentada por Podemos en Aragón, si bien ha mantenido que "no resuelve los problemas" en Baleares.

Además, Saura ha insistido en la "necesidad" de contar con una empresa eléctrica pública para evitar el "oligopolio energético".

Por su parte, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, David Abril, ha dicho que "la pobreza energética es real" y que "se ha visto agravada por la crisis". En este sentido, ha llamado a "afrontar la mejora de la renta" y "generar nuevos derechos" como la renta social.

Abril también ha denunciado los precios de la electricidad, que en España son "un precio político". Además ha denunciado el "boicot" del Gobierno a las renovables, que "abaratarían el precio de la electricidad", para "mantener los sueldos de los directivos" de las eléctricas.

En la misma línea se ha expresado la diputada de MÉS per Menorca Patricia Font, que además ha recordado que la mayoría de países europeos tienen leyes que impiden realizar cortes energéticos a personas en situación de pobreza.

Por el Grupo Mixto, la diputada Montserrat Seijas ha apoyado la iniciativa si bien ha considerado que debería ir integrada en la Ley de Vivienda, una normativa que "no puede esperar más".

Desde el PSIB la diputada Conxa Obrador ha señalado que "todas las iniciativas presentadas la pasada legislatura" sobre pobreza energética "fueron rechazadas" y ha recalcado que "un objetivo prioritario del Govern es ayudar a los que peor lo pasan y para eso está la renta básica". Por todo ello, Obrador ha pedido al PI que retire su iniciativa y presente los puntos de la ley debatida este martes como enmiendas a la Ley de Vivienda.

EL PI REPROCHA A PODEMOS QUE VOTE "CONTRA SU PROPIA LEY"

Con todo, el portavoz del PI ha reprochado a Podemos que no vote a favor de iniciar "un proceso de conversación para ayudar a familias vulnerables", especialmente teniendo en cuenta la propuesta presentada por Podemos en Aragón, y que en lugar de ello "espere" a la Ley de Vivienda.

"No puede ser que si era bueno para Aragón sea malo para Baleares", ha dicho Jaume Font. En este sentido, ha censurado que Podemos "no quiso entrar en el Govern" pero "tampoco les va bien concretar una solución".

Por su parte, Saura ha contestado que "la situación no es la misma en Aragón" y ha reprochado al PI que presente esta ley "en lugar de contribuir a la Ley de Vivienda".

ABSTENCIÓN DEL PP Y VOTO A FAVOR DE CS

Por otra parte, la diputada 'popular' Sandra Fernández ha sostenido que "la izquierda no soporta que otro grupo presente una iniciativa social", si bien el PP se ha abstenido "por simplicidad normativa" para que el contenido se integre en la Ley de Vivienda, de la que ha advertido que "en el ecuador de la legislatura" todavía no se ha aprobado por "líos en el Pacte".

En este sentido, ha instado al Pacte a que la ley "entre en el Parlament aunque no cuente con el apoyo de Podemos" y les ha animado a consensuarla con el PP.

Asimismo, Fernández ha censurado la "demagogia

"demagogia" y "amnesia selectiva" de los grupos del Pacte por "alabar" el convenio entre Endesa y la Felib, aprobado en la legislatura del PP, "sin haber hecho nada".