Según la formación, está "en juego" la "pérdida de miles" de trabajos, además de la citada "precarización" de las condiciones laborales, tanto en el ámbito privado como en el de las administraciones públicas.

Por eso, la Unión Sindical Obrera va a iniciar una campaña pionera en esta región, que será secundada a nivel nacional, en defensa del empleo estable en contratas, subcontratas y empresas multiservicios, siguiendo para ello la misma fórmula que se utilizó con las ETT, las empresas de trabajo temporal, que se regularon por ley y a través de los convenios colectivos de modo que sus trabajadores perciben los mismos sueldos y complementos que los de la firma principal.

Lo ha destacado así este martes en rueda de prensa José Vía, portavoz de USO y representante del sector industrial, quien ha indicado que las contratas y subcontratas suponen en Cantabria en torno al 40% de los puestos en grandes empresas, y cerca de un 30% en las administraciones públicas.

Como ejemplos, ha citado Solvay (16 subcontratados han reclamado vía judicial sus derechos y la vista se celebrará el 29 de marzo) o el mantenimiento en Valdecilla y otros hospitales dependientes del Servicio Cántabro de Salud, que son "ejemplos de las malas prácticas" que ha denunciado el sindicalista en su comparecencia ante los medios, en la que ha estado acompañado por Mercedes Martínez y Miguel Ángel González.

A su juicio, las contratas, subcontratas y empresas multiservicios están siendo utilizadas por las grandes empresas y administraciones públicas para reducir "costes de producción" o de "prestación de servicios", siendo los "recortes salariales" y la "pérdida de estabilidad" las principales consecuencias, lo que constituye "un atraco", algo "intolerable", ha añadido.

REIVINDICACIONES

De las reivindicaciones planteadas por USO Cantabria para acabar con esta "lacra" destacan dos: la homologación salarial mediante una reforma legislativa que permita a trabajadores subcontratados desempeñar su función en las mismas condiciones laborales (económicas y sociales) que los empleados de la empresa principal o administración -como está regulado en las ETTs, que "durante años" fueron "la lacra"- y estabilidad en el empleo.

En relación con la primera medida, el sindicalista se ha referido a la proposición de ley presentada por el PSOE en el Congreso y respaldada por los grupos, pero que el partido que sustenta al Gobierno (PP) ha remitido al Tribunal Constitucional al no estar de acuerdo -ha dicho- con esta tramitación.

Y sobre la segunda medida, el portavoz del sindicato reclama que se garantice la subrogación mediante la incorporación de cláusulas específicas que obliguen al nuevo empresario adjudicatario de la contrata o servicio a incorporar a su plantilla a los trabajadores que venían desarrollando el trabajo con la anterior empresa, para que nos sean "chantajeados" o "despedidos" bajo la amenaza de que acepten "este contrato en estas condiciones o a la calle".

En este sentido, Vía ha indicado que cuatro trabajadores subrogados en Solvay tuvieron que "renunciar" para seguir en su puesto a "cuatro años de antigüedad y 200 euros" mensuales de salario.

También abogan desde USO por impulsar la introducción de cláusulas de subrogación en los pliegos de condiciones como "garantía de contratación" de los trabajadores de la empresa que cesa en la contrata o servicio.

Igualmente, defienden en el sindicato la aplicación de la subrogación de empresa en los sectores de actividad sin cláusula de subrogación (siderometalúrgico) de acuerdo con la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremio.

Finalmente, son partidarios de la subrogación por una vía contractual, una nueva fórmula para proteger el empleos en casos de externalización y descentralización de funciones o servicios.

La campaña de USO para erradicar esta situación consiste en la difusión de información dirigida a trabajadores afectados, pero también a pequeñas y medianas empresas y la administración.