reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños de la asistencia sanitaria en un parto.

En el caso del fallecimiento de un interno, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recoge en su informe que fue hallado en su habitación, mientras que su compañero de celda, interno de apoyo asignado ante el riesgo de suicidio, "no notó nada porque estaba dormido".

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo dictó auto por el que se acordó el sobreseimiento provisional y el archivo de las diligencias previas, pero el Defensor del Pueblo solicitó información acerca de si este caso había sido objeto de atención por el consejo de dirección del Centro Penitenciario de Villabona y por parte de los servicios centrales de la Administración penitenciaria, en su labor de análisis de cada uno de los suicidios acaecidos en los centros penitenciarios que gestionan.

Se solicitó además información de las conclusiones a las que se había llegado y cómo habían sido documentadas ambas actuaciones. La institución ha llamado la atención sobre el Programa de Prevención de Suicidios, en el contexto de su deber de garantizar la vida de las personas privadas de libertad cuando ha sido detectada, como en el presente caso, la concurrencia de la situación de riesgo de suicidio grave.

"La Administración comunicó al Defensor del Pueblo que el consejo de dirección del Centro Penitenciario de Villabona había dejado constancia, entre otros, de los siguientes aspectos susceptibles de mejora tras el análisis del caso sucedido: establecimiento de períodos más cortos entre control y control nocturno por parte de los funcionarios; reforzar la presencia del educador durante la realización de cursos de formación para internos de apoyo y ampliar y profundizar en la información solicitada semanalmente por los jefes de servicio", señala el informe.

El Defensor recibió otra queja, en este caso por parte de los familiares del fallecido. El padre se enteró del fallecimiento de su hijo por una llamada del servicio funerario contratado, en lugar de por los responsables del establecimiento. También expone haber solicitado en dos ocasiones la documentación médica que obra en el historial clínico de su hijo, sin que le haya sido oportunamente facilitada.

La Administración ha reconocido que se trata de una "actuación incorrecta" del responsable del establecimiento, pues se facilitó a los servicios funerarios el teléfono del padre del fallecido antes de efectuar la comunicación, que debería haber sido realizada por el responsable del centro.

UNIDAD TERAPÉUTICA EDUCATIVA

Respecto a la Unidad Terapéutica Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias), el Defensor aprecia que "persisten las dificultades puestas de manifiesto para conferir a la citada unidad el estatus del que ha venido disfrutando durante el período que la ha convertido en una experiencia relevante y singular, merecedora de ser reconocida así".

Esta institución sigue manteniendo el contenido de su Recomendación, que esencialmente consiste en que la Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona vuelva a su modo normal de funcionamiento, detallado en el texto denominado 'Unidad Terapéutica Educativa del Centro Penitenciario de Villabona' del año 1998.

Según el informe, "no cabe entender que admitir esta Recomendación dé lugar a disfunciones pues, de ser esto cierto, no se hubiera permitido el mantenimiento de dicha unidad terapéutica durante tan dilatado período de tiempo con las normas de funcionamiento que ahora se postula sean reinstauradas".

"Se ha de reiterar la necesidad de que sea reconsiderada la persistente negativa de la Administración a admitir que el interés de las personas privadas de libertad atendidas en el Centro Penitenciario de Villabona, merced a este programa de intervención, ha de primar sobre otras consideraciones", señala.

Al margen, Becerril recoge quejas relativas al estado de instalaciones educativas como el colegio público de Lugo de Llanera o a las demoras de las administraciones en la ejecución de los planes de acción y de medidas correctoras de la contaminación acústica en

la autovía A-66, a su paso por Mieres.

También se ha iniciado una actuación ante la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias por las emisiones contaminantes de las industrias sitas en Trubia, con el fin de conocer el control que se está realizando de la contaminación del aire en esta localidad.