Pontón se pregunta cuál sería la reacción del Gobierno si en dos meses hubieran sido asesinados 15 diputados en lugar de mujeres

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 (EUROPA PRESS)

El BNG propone que todos los hombres a los que se les haya impuesto una orden de alejamiento tengan que usar una pulsera como medida para tratar de garantizar la protección de las mujeres que sufren la violencia de género.

Según ha destacado la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, en rueda de prensa, eso permitiría una "respuesta rápida" en caso de detectarse que hubo quebrantamiento de dicha orden de alejamiento.

En una comparecencia para avanzar algunas de las iniciativas que plantearán los nacionalistas en la comisión creada en el Parlamento para tratar de acabar con esta lacra, Pontón ha mostrado su indignación ante el incremento de los "feminicidios" en el inicio del año. Y es que son ya 15 mujeres asesinadas en dos meses, según ha llamado la atención.

"¿Qué pasaría si en el Estado español asesinaran a 15 diputados en dos meses? ¿Cómo reaccionaría el Gobierno?", se ha preguntado. "¿Con un minuto de silencio? ¿Con declaraciones rituales?", ha proseguido, antes de resolver que "seguro que no".

Así las cosas, ha alarmado por el "clima de impunidad" ante tal situación y ha concluido que, en su opinión, ante la gravedad de los hechos, "si hay que declarar un estado de excepción, que se declare". "Ese mensaje de que esto es inevitable no lo compro", ha ahondado.

MÁS PROPUESTAS

En este escenario, el BNG ha llamado a, en primer lugar, "reconocer el fracaso de las medidas de protección", puesto que en Galicia, según ha afirmado, los datos son "reveladores".

Con cifras de 2015, ha apuntado que fueron 1.564 las solicitudes de órdenes de protección, con un 40% de ellas denegadas (más que la media estatal).

El uso de medios telemáticos (pulseras) se dictaminó en 22 casos de 930 órdenes de alejamiento en vigor, según ha agregado. Y ha advertido, a renglón seguido, que siguen siendo asesinadas mujeres con órdenes de alejamiento, "incluso en lugares públicos" como hospitales y residencias.

Ante la "escalada" de crímenes machistas, ha propuesto la utilización de pulseras siempre que haya orden de alejamiento. "Hay material disponible", según ha resaltado, al cifrar en unas 3.000 las pulseras de las que dispone el Estado, y la existencia de 797 en uso. Esta, a su juicio, sería una medida "eficaz" y "que se puede articular".

En segundo lugar, ha cuestionado la evaluación del nivel de riesgo, que actualmente se realiza a través de un programa informático. Un sistema, ha avisado, que "no funciona", por lo que ha abogado por sustituirlo por equipos "multidisciplinares" en los que intervengan los juzgados y "sin perder ni un minuto".

Una tercera idea del Bloque para tratar de frenar los asesinatos de mujeres a manos de sus compañeros o excompañeros es el incremento de recursos, pues las partidas que destinan tanto la Xunta como el Gobierno central son, en su opinión, "pequeñas".

En concreto, los 5 millones del Ejecutivo gallego, según ha contrapuesto, son menores que los 9 para la Cidade da Cultura o los 7 para personal eventual y de gabinete.

En cuarto puesto, Ana Pontón ha visto "urgente" dotar de medios y personal cualificado a los juzgados de violencia de género, y en quinto término se ha referido a la publicación de las ayudas para las víctimas.

En este apartado, ha acusado a la Xunta de estar "incumpliendo" una ley y el acuerdo del Parlamento alcanzado en este ámbito, a propuesta del Bloque. "Estamos acabando febrero y la orden no fue publicada", ha censurado, mientras reclamaba "no demorar más" la publicación de las ayudas.

ACUERDOS

En este sentido, a preguntas de los periodistas, Pontón se ha mostrado partidaria a llegar a acuerdos en la Cámara autonómica en la lucha contra la violencia de género, tras las bases sentadas en el Pazo do Hórreo. Lo más "importante", según ha incidido, es que estos acuerdos "sean útiles" y "se materialicen".

Con todo, ha opinado que "desde ya" los gobiernos, tanto el estatal como el gallego, deben "ponerse a trabajar", pues son ellos los que pueden tomar medidas y los acuerdos parlamentarios "no les eximen" de la obligación de garantizar la protección de las mujeres que han denunciado sufrir violencia machista.