El Parlamento gallego ha aprobado este jueves por unanimidad el reglamento de régimen interno del Consello de Contas que configura el área de lucha contra la corrupción, en el marco de la nueva ley de este organismo.

Este texto articulado acordado por la ponencia se ha aprobado en su totalidad este jueves en la comisión permanente de relaciones con el Consello de Contas, tras votarse también las enmiendas presentadas por todos los grupos.

Así, el Grupo popular ha aceptado una docena de propuestas de la oposición, bien en su textualidad o transaccionadas, sobre las cerca de 50 presentadas.

Además, se han incluido tres aportaciones de los populares de "carácter técnico". La diputada del PPdeG Cristina Romero ha señalado que su grupo no ha querido presentar más enmiendas al texto para que no se viese "como una injerencia del grupo mayoritario que sostiene al Gobierno".

Al respecto, Romero ha indicado que este reglamento es un documento "técnico", "puramente organizativo", al tiempo que ha defendido al Consello de Contas como un órgano fiscalizador "plenamente independiente", con "autonomía para sus decisiones", aunque dependa del Parlamento.

SECCIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

De tal forma, según figura en el reglamento aprobado, Contas "asume la competencia de prevención de la corrupción en el ámbito del sector público autonómico, la fiscalización de la evolución de los bienes patrimoniales de altos cargos y desarrollar funciones consultivas".

Según ha avanzado el presidente de la comisión, Daniel Varela Suárez-Carpegna, el conselleiro maior de Contas, José Antonio Redondo, informará el próximo 14 de marzo en la Cámara del plan de trabajo en este sentido, así como de informes de fiscalización pendientes.

En base al reglamento interno, la Sección de Prevención da Corrupción de Contas está presidida por el conselleiro maior e integrada por los conselleiros que se adscriban al pleno. Actuará asistida por la Unidade de Prevención da Corrupción, adscrita al conselleiro maior, y por una comisión técnica.

ENMIENDAS ACEPTADAS Y RECHAZADAS

Entre las enmiendas incluidas se encuentra la posibilidad de que Contas pueda recurrir a expertos,

sean o no funcionarios, para tareas complementarias en su sección contra la corrupción.

Además, ante causa de incompatibilidad de conselleiros, estos deben informar al conselleiro maior y este velar por que se cumpla el régimen interno. También se aboga por no usar lenguaje sexista en los informes.

En lo tocante a las enmiendas rechazadas por los populares, se incluía una de los socialistas -apoyada por En Marea y BNG- en la que pedía la posibilidad de que las denuncias de casos de corrupción se puedan hacer de forma anónima a través de vía telemática.

En este sentido, el diputado socialista Juan Manuel Díaz Villoslada ha censurado que el PP rechace "de plano" esta cuestión, al tiempo que ha demandado una ley gallega que ahonde en la protección a los denunciantes de corrupción.

Sobre este extremo, Romero ha justificado la negativa a esta propuesta del anonimato, porque esta posibilidad no está aconsejada por Contas, "ni recomendada por las institucionales internacionales".

LA OPOSICIÓN DEMANDA UN REFUERZO DE PERSONAL

Por su parte, todos los grupos de la oposición han coincidido en la necesidad de un refuerzo de personal y de medios para que el Consello de Contas pueda llevar adelante sus nuevas tareas asignadas.

Manuel Lago (En Marea) ha valorado el "avance" que supone incorporar la lucha contra la corrupción en la labor de Contas, pero "para hacer ese trabajo hacen falta recursos", Por ello, avisa de que se está "sobrecargando un organismo" que "ya tiene un retardo inaceptable" en sus informes. De forma que si "la justicia lenta no es justicia", "las auditorías lentas no son auditorías".

Una demanda en la que ha incidido Noa Presas (BNG) que se ha quejado de la "dotación insuficiente" para acometer las funciones designadas a Contas, mientras que Díaz Villoslada (PSdeG) ha pedido también mejorar la situación de estabilidad de los trabajadores de Contas, ante los casos de interinidad existentes.

Finalmente, Manuel Lago ha reflexionado sobre cómo "causa daño reputacional" a Contas que sus conselleiros puedan ser dirigentes de partidos políticos para controlar a "esos partidos políticos".