Dichos artículos reducen la jornada laboral de las 37,5 horas de trabajo efectivo que establece la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado a 35 horas semanales.
También amplían los permisos, en contra de lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, en los supuestos de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar; de matrimonio, bautizo o primera comunión; o por traslado domiciliario.
Finalmente, el requerimiento hacía referencia al artículo, no contemplado en el Estatuto Básico, que establece la creación de un permiso de 15 días naturales por cumplir, el funcionario, 15 años de servicios.
El 15 de noviembre de 2016, la Delegación del Gobierno requirió al Ayuntamiento de Zaragoza que revocara diversos artículos del Pacto de Aplicación al Personal Funcionario que contradicen la legislación estatal.
El Gobierno municipal de Zaragoza en Común rechazó, el 13 de enero de 2017, dicho requerimiento. Ante esta negativa se ha procedido a presentar el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
Además, se solicita la medida cautelar de suspensión de los artículos del Pacto de Aplicación al Personal Funcionario 2016-2019 que contradicen la legislación estatal al considerar que se producen situaciones "de imposible o difícil reparación".
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