Así, los integrantes de este órgano exponen que el nuevo criterio interpretativo de la DGT, contrario al que esta misma dirección ha mantenido el los últimos 30 años, ignora la naturaleza de servicio público y prestación obligatoria de la asistencia jurídica gratuita en nuestro país, y se basa en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el sistema belga de justicia gratuita, "cuyo funcionamiento y naturaleza en nada o poco se parecen al modelo español", por lo que, concluyen, se trata de una norma fiscal no aplicable en España.

Asimismo, se advierte que la aplicación del IVA del 21% a la prestación de la justicia gratuita, aun cuando el pago del mismo sea asumido por el ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en Justicia, aumenta de forma considerable el gasto público en este servicio y supone un cargo extraordinario para las arcas públicas que puede llegar a comprometer seriamente la viabilidad de un sistema.

"Obligar a emitir facturas con IVA al beneficiario de la Asistencia Jurídica Gratuita por un servicio que el Estado presta a quienes carecen de recursos para litigar no sólo es irrazonable, sino que incluso podría ser percibido como un trato vejatorio para el ciudadano", añaden al respecto.

Por todos estos motivos "y por razones de legalidad, sentido común y eficiencia", la Junta reclama que se suspenda de forma inmediata la aplicación de esta norma y que se aborden las reformas necesarias, no sólo para no gravar la prestación del turno de oficio con el IVA, sino también para garantizar la continuidad de este servicio público y asegurar un pago digno a los profesionales que lo hacen posible los 365 días del año.