"Debe de mantenerse tal capacidad siempre en equilibrio financiero y dentro de límites razonables desde una perspectiva de sostenibilidad económica", señala y pide también al ejecutivo central

que entienda y que aplique tal capacidad de gasto, tanto en inversión como corriente, y la contratación tanto para la reposición de vacantes como para la incorporación de nuevo personal con el que reforzar o crear servicios".

Domínguez de Posada explica que los ayuntamientos "han sido la única administración que ha respetado el objetivo presupuestario exigido tras la reforma constitucional de 2011, la única administración pública que en su conjunto y en los últimos años ha obtenido superávit, ha obtenido ahorro".

Sin embargo, la senadora de Foro sostiene que ese ahorro se ha dejado en los bancos y no se ha destinado a los servicios públicos porque los ayuntamientos no pueden destinar el ahorro de estos años a los servicios a sus ciudadanos por el límite que supone la aplicación de la regla de gasto.