España podría estar llevando a cabo expulsiones de menores extranjeros

  • Amnistía Internacional dice que las disfrazan de reagrupaciones.
  • Según Virginia Álvarez se han detectado irregularidades.
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Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España
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Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España

Amnistía Internacional afirmó que "en España se podrían estar llevando a cabo expulsiones de menores extranjeros no acompañados, disfrazadas de reagrupaciones familiares", un procedimiento que "vulnera los derechos de los menores extranjeros que se encuentran en el país en situación irregular, ya que al ser la reagrupación familiar un proceso administrativo, se les niega el derecho a la asistencia letrada".

A través de un comunicado, la responsable de política interior de Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, afirmó que la organización ha detectado "numerosas irregularidades en los procesos de reagrupación familiar de los menores no acompañados".

Hasta julio de 2007, quince menores habían sido repatriados a sus países de origen, explica la organización, a quien "preocupa que no haya garantías para los cientos de menores que están esperando su reagrupación familiar".

Problemas de acceso a la justicia

La organización ha hecho llegar por carta a las autoridades españolas y a la Fiscalía General del Estado, ésta y otras preocupaciones, en el marco de la 28ª Conferencia de Ministros de Justicia de los Estados miembros del Consejo de Europa que se celebra en Lanzarote, donde se abordan los problemas de acceso a la justicia para grupos vulnerables, entre ellos, inmigrantes, solicitantes de asilo, y menores.

Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que garanticen los derechos de los menores no acompañados, valorando en cada caso si el retorno es seguro, si es posible la reagrupación familiar, si la familia puede darle el cuidado apropiado, o en ausencia de familia, si el menor podrá acogerse a los servicios sociales del país al que es enviado.

Además, la ONG solicita que se respete en todos los casos el derecho de los menores a ser informados y a contar con asistencia letrada desde su llegada y reclama a la Fiscalía General que se actúe conforme al principio del interés superior del menor, haciendo valer las normas internacionales de derechos humanos integradas en el ordenamiento jurídico español.

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